Durante la multitudinaria marcha del 23 de noviembre en Bogotá, IFMNOTICIAS conversó con Abel González, representante de la Corporación Rosa Blanca, una organización que agrupa a víctimas de los crímenes de las FARC, especialmente mujeres y menores que sufrieron violencia sexual.
En un diálogo directo, González expresó profundas críticas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno de Gustavo Petro, acusándolos de falta de compromiso con las víctimas y de favorecer, de forma indirecta, a los antiguos miembros de las FARC.
Ante la pregunta sobre si la Corporación se ha sentido respaldada por las decisiones de la JEP, González señaló que aún falta mucho camino por recorrer:
«Hace falta que le imputen a nivel individual y personal a los miembros del secretariado de las FARC por los graves delitos de lesa humanidad, especialmente los delitos de violencia sexual contra menores de 14 años. Necesitamos que la JEP haga esas imputaciones personales, no solo al secretariado, sino también a todos los comandantes involucrados,» afirmó.
En este sentido, González también lamentó que la JEP no haya valorado adecuadamente los testimonios de las víctimas representadas por Rosa Blanca:
«Los miembros del secretariado no han querido reconocer la verdad. Además, han iniciado una campaña de desacreditación contra las víctimas para que, en el proceso adversarial, ellos queden como inocentes de los graves delitos que han cometido,» denunció.
Dilaciones y estrategias de obstrucción
González criticó los largos tiempos que tomó la JEP para reconocer lo que, según ella, era ampliamente sabido: el uso de mujeres y niñas como objetos sexuales por parte de los secuestradores de las FARC.
«Se demoró más de lo pensado, pero esto se debe a una estrategia de dilación por parte de los miembros de las FARC, quienes presentaban recursos constantemente. Incluso, arremetieron contra una magistrada con impedimentos y recusaciones, lo que paralizó el proceso por varios meses,» explicó.
Acusaciones contra el Gobierno Petro
El representante de Rosa Blanca no se limitó a criticar a la JEP. También dirigió sus señalamientos al presidente Gustavo Petro, acusándolo de no actuar en favor de las víctimas ni tomar medidas concretas para prevenir el reclutamiento forzado de menores.
«El presidente Petro no ha hecho absolutamente nada por las víctimas ni por impedir el reclutamiento infantil, que hoy en día se está dando no solo en las zonas rurales, sino también en las ciudades. Hay un plan de reclutamiento infantil en marcha y, en lugar de enfrentarlo, el Gobierno parece apoyarlo indirectamente,» aseguró González con tono enérgico.
Para estas víctimas, la marcha del 23N no fue solo una protesta, sino una oportunidad para reiterar su demanda de justicia y rechazar cualquier intento de revictimización o de encubrimiento de los crímenes cometidos por las FARC.
