Menos de 24 horas después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala anunciara la solicitud de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa Iván Velásquez, la funcionaria colombiana se pronunció públicamente.
Durante una rueda de prensa convocada este martes 3 de junio por la Fiscalía General de la Nación, Camargo afirmó que la decisión judicial en Guatemala respondería a un “contraataque” frente a las acciones anticorrupción desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional. Según explicó, las medidas adoptadas por su despacho habrían incomodado a estructuras criminales que ahora reaccionan en su contra.
“La lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia Fiscal General de la Nación”, dijo Camargo.
La Fiscal también hizo referencia a los acuerdos suscritos entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco en el marco de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo en el que ella y Velásquez trabajaron entre 2014 y 2017. Señaló que esos acuerdos garantizaban inmunidad penal, civil y administrativa para los funcionarios internacionales que participaron en las investigaciones.
“La determinación del tribunal desconoce los parámetros del acuerdo internacional. La inmunidad no significa impunidad, pero sí exige respeto al marco establecido por la ONU”, aseguró.
Camargo agregó que la actuación del Ministerio Público de Guatemala constituiría una “flagrante violación” de los términos acordados y denunció lo que calificó como un patrón de acciones intimidatorias contra quienes han liderado investigaciones en materia de derechos humanos y lucha anticorrupción.
“Puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional. Es más dañino difundir rumores y dejar un manto de dudas sobre mi conducta, que ni en esa época ni ahora pueden ser cuestionadas”, agregó la Fiscal General.
La funcionaria también hizo un llamado al respeto por los compromisos multilaterales asumidos por los Estados. “Hago un llamado a la sensatez, al respeto por los compromisos asumidos conforme a la Carta de Naciones Unidas y a la consolidación de caminos de colaboración legítimos y lejanos de la criminalización emprendida contra personas que luchan contra la corrupción”, indicó.
La orden de captura fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Según el pronunciamiento del fiscal Rafael Curruchiche, tanto Camargo como Velásquez habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión durante su trabajo en la CICIG.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala, y que todos enfrenten el peso de la ley”, señaló Curruchiche en una declaración oficial.
Las autoridades guatemaltecas argumentan que los exfuncionarios colombianos habrían favorecido de manera indebida a la constructora Odebrecht, en detrimento del Estado guatemalteco, que según la Fiscalía habría perdido más de 3.000 millones de quetzales.
La solicitud de captura internacional también incluye una petición de circular roja a la Interpol, lo que abriría la posibilidad de que ambos exfuncionarios puedan ser detenidos en cualquier país miembro del organismo.
Velásquez, por su parte, ya había calificado las acciones judiciales en su contra como una “persecución” política impulsada por sectores que se vieron afectados por las investigaciones lideradas por la CICIG. En respuesta a las declaraciones de Camargo, el exministro reiteró su rechazo a las acusaciones y expresó solidaridad con quienes se han visto forzados al exilio por su trabajo en defensa de la justicia en Guatemala.
Por ahora, la justicia internacional tendrá que evaluar la solicitud del Ministerio Público de Guatemala, mientras en Colombia se mantiene la atención sobre las posibles implicaciones diplomáticas y legales del caso.
La solicitud de captura internacional también incluye una petición de circular roja a la Interpol, lo que abriría la posibilidad de que ambos exfuncionarios puedan ser detenidos en cualquier país miembro del organismo.
Velásquez, por su parte, ya había calificado las acciones judiciales en su contra como una “persecución” política impulsada por sectores que se vieron afectados por las investigaciones lideradas por la CICIG. En respuesta a las declaraciones de Camargo, el exministro reiteró su rechazo a las acusaciones y expresó solidaridad con quienes se han visto forzados al exilio por su trabajo en defensa de la justicia en Guatemala.
Por ahora, la justicia internacional tendrá que evaluar la solicitud del Ministerio Público de Guatemala, mientras en Colombia se mantiene la atención sobre las posibles implicaciones diplomáticas y legales del caso.
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