Habitantes de los barrios Salitre Occidental y Montevideo, en el occidente de Bogotá, se movilizaron nuevamente en la noche del pasado martes 8 de julio para rechazar la decisión de la Alcaldía Distrital de trasladar a familias indígenas Emberá a la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), ubicada en inmediaciones del Terminal de Transporte El Salitre.
La medida, adoptada por la Administración Distrital en cumplimiento de un fallo judicial que ordena garantizar condiciones dignas para esta población, ha generado una oleada de inconformismo entre los residentes del sector, quienes denuncian que no hubo socialización previa ni consulta con las comunidades vecinas.
La Asociación de Propietarios de Salitre (Asosalitre) encabezó la protesta ciudadana y advirtió que la decisión podría agravar problemáticas estructurales del sector como inseguridad, deterioro del espacio público, explotación de población vulnerable y mendicidad. Afirmaron que en la zona ya se venían adelantando planes de recuperación con apoyo de entidades distritales y organizaciones comunitarias, y que la medida representaría un retroceso en dichos esfuerzos.
Durante la jornada de protesta, los manifestantes instalaron pancartas, realizaron bloqueos simbólicos y expresaron su rechazo al traslado. Paralelamente, Asosalitre confirmó que ya han recolectado más de 18.000 firmas en una petición ciudadana para suspender el proceso de reubicación.
Christian Quiñónez, uno de los voceros ciudadanos, sostuvo que “el fallo del tribunal no obliga a que el traslado se realice en esta sede específica”, e instó al Distrito a considerar alternativas con mejor infraestructura y menor impacto social para cumplir con la medida judicial.
A las voces de la comunidad se han sumado concejales como Daniel Briceño y Julián Espinoza, quienes pidieron al Gobierno Distrital revisar otras opciones para evitar nuevos focos de tensión social en zonas que ya enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad. También el sindicato del IDPAC manifestó su desacuerdo, al advertir que la implementación del traslado implicaría el desplazamiento de los trabajadores de su lugar habitual de labores.
Los habitantes recordaron las afectaciones sufridas en experiencias pasadas, como la ocupación del Parque Nacional y el sector de La Rioja, donde denunciaron falta de condiciones sanitarias y conflictos de convivencia. Según los líderes barriales, en aquellos casos se presentaron afectaciones tanto para la comunidad Emberá como para los residentes de los sectores receptores.
Desde la comunidad local reiteraron su disposición al diálogo institucional, pero exigieron que cualquier solución se base en concertación y evaluación técnica, y no en decisiones unilaterales. Entre las propuestas planteadas está la posibilidad de ubicar a las familias Emberá en predios con mejor capacidad para procesos de atención social, educativa y sanitaria, así como en sectores con menor presión demográfica.
“Estamos dispuestos a sentarnos con la Alcaldía, pero no vamos a aceptar imposiciones que pongan en riesgo nuestra seguridad y calidad de vida”, indicó Asosalitre en su declaración oficial. Agregaron que no se oponen a la atención de la comunidad indígena, pero rechazan lo que consideran una medida improvisada y sin respaldo social.
