Esposado y bajo custodia de las autoridades, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla abandonó el Tribunal Superior de Bogotá al finalizar la audiencia en la que se confirmó su envío a prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia concluyó con la decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero de dejar en firme la medida de aseguramiento intramural, tanto para Bonilla como para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
La captura de Bonilla se produjo de manera inmediata tras culminar la audiencia de reposición y apelación, en la que la Magistrada escuchó durante más de seis horas a las defensas, a los representantes de las víctimas, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Luego de evaluar los argumentos, Rosero ratificó su determinación inicial al considerar que ambos procesados debían permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso penal.
Según lo expuesto en estrados, la Magistrada estimó que existen riesgos suficientes que justifican la medida, entre ellos la gravedad de las conductas investigadas y la posibilidad de afectación al desarrollo del proceso judicial. En ese sentido, descartó la solicitud de la Procuraduría, que había pedido sustituir la detención carcelaria por prisión domiciliaria, y mantuvo una postura más severa incluso frente a la petición inicial de la Fiscalía.
Durante la audiencia, Rosero respondió a los cuestionamientos de los abogados defensores, quienes señalaron que la decisión implicaba imponer una medida más estricta de la solicitada por el ente acusador.
La Magistrada sostuvo que la ley faculta al juez de control de garantías para adoptar este tipo de decisiones y rechazó que se insinuara una actuación orientada a favorecer a la Fiscalía. En su intervención, calificó como irrespetuosas esas afirmaciones y defendió la autonomía de su criterio judicial.
En el caso de Luis Fernando Velasco, la Magistrada también desestimó los argumentos presentados por su defensa, incluidos aquellos dirigidos a desacreditar a los testigos del proceso. Según señaló, varios de los planteamientos ya habían sido analizados previamente y no aportaban elementos nuevos que permitieran modificar la medida.
Tras salir del Tribunal, Ricardo Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá de manera transitoria mientras el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario define el establecimiento al que será enviado. La decisión adoptada fue apelada, por lo que una segunda instancia del mismo Tribunal Superior de Bogotá deberá pronunciarse.
De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían participado en un entramado destinado a direccionar contratos de la UNGRD y del Invías hacia congresistas, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno. El ente acusador señaló que se habrían comprometido recursos por más de $600.000 millones de pesos en proyectos, de los cuales solo una parte llegó a ejecutarse.
Ambos exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que continúan en etapa de investigación mientras permanecen privados de la libertad.
