Una controversia se ha desatado en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, tras la conducta de la fiscal municipal, quien, durante las celebraciones de Halloween, decidió disfrazarse de guerrillera del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La funcionaria asistió a una cabalgata pública vestida con un uniforme camuflado, brazalete y una ametralladora de juguete, lo que ha sido interpretado como una apología a un grupo armado que durante décadas ha sembrado terror en la región y atacado a la población civil.
El disfraz de la fiscal causó indignación y repudio entre los ciudadanos, quienes rápidamente alertaron a la policía. En medio de una cabalgata, la funcionaria fue interceptada por uniformados que le exigieron descender de su caballo y presentarse en la estación de policía para dar explicaciones.
En un primer momento, la fiscal se negó, protagonizando una escena que algunos testigos describen como otro episodio de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, lo que intensificó el malestar de la comunidad.
El incidente ha generado críticas debido a la insensibilidad del disfraz, considerando que el ELN ha sido una presencia violenta y destructiva en la región. Además de ataques contra la población civil, el grupo armado ha tenido múltiples enfrentamientos con la fuerza pública y es responsable de violaciones graves al derecho internacional humanitario. Los uniformados debieron recordarle a la fiscal las disposiciones del Código Penal colombiano que sancionan el uso de emblemas y distintivos de grupos terroristas.
Este episodio ha levantado una fuerte ola de críticas en redes sociales y medios locales, donde ciudadanos han exigido la renuncia de la fiscal por considerar su actuación una afrenta a las víctimas de violencia en la región y una falta de respeto hacia su rol como representante de la justicia.
La molestia en la población radica en que la señora, como fiscal, tiene bajo su responsabilidad la investigación y procesamiento de guerrilleros del ELN y otros actores armados que violan las leyes nacionales y el derecho humanitario, lo que hace su acción aún más cuestionable.
La indignación continúa creciendo en Santo Domingo, donde habitantes y líderes locales esperan una respuesta contundente por parte de las autoridades judiciales frente a un hecho que muchos consideran inaceptable y una muestra de desprecio hacia las heridas abiertas de la violencia en la región.