La precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó públicamente a la suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026 y pidió a los empresarios mantener el pago con el ajuste anunciado mientras el Gobierno expide una nueva regulación.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X y un video adjunto, afirmó que el incremento debe cumplirse para los trabajadores y señaló que, de llegar a la Presidencia, garantizaría ese aumento.
En su pronunciamiento, Dávila indicó que el decreto debe ser corregido dentro del plazo establecido por la autoridad judicial y sostuvo que no se puede trasladar a los trabajadores las consecuencias de la suspensión. También dirigió un mensaje a los empleadores solicitando que mantengan el pago de la quincena con el incremento fijado, mientras se adopta la nueva norma. En sus declaraciones responsabilizó al Gobierno por la situación generada y vinculó el episodio a decisiones administrativas del Ejecutivo.
La reacción de la precandidata se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera cautelar los efectos del decreto expedido por la administración del presidente Gustavo Petro, que establecía un aumento del salario mínimo del 23,78% para 2026. La providencia ordena al Gobierno expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto que defina un porcentaje transitorio y el valor correspondiente para la vigencia, aplicando los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 de 1996.
El alto tribunal aclaró que la medida tiene carácter provisional y no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo. El nuevo valor que se establezca regirá mientras se emite una sentencia de fondo dentro del proceso judicial. La demanda que dio origen a la suspensión fue presentada por ciudadanos que cuestionaron el sustento normativo del decreto y solicitaron su suspensión preventiva.
Entre los argumentos expuestos en la acción judicial se indica que el incremento salarial habría sido calculado utilizando referencias internacionales sobre el concepto de “salario vital”, criterios que, según los demandantes, no son obligatorios dentro del ordenamiento jurídico colombiano. El Consejo de Estado consideró que existían elementos suficientes para adoptar la medida cautelar mientras avanza el análisis del caso.
El proceso continuará hasta que se emita una decisión definitiva sobre la validez del decreto. Mientras tanto, el Ejecutivo tendrá que cumplir la orden judicial y expedir una regulación provisional que fije el salario mínimo conforme a los parámetros establecidos en la legislación vigente.
