En el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), múltiples voces del sector energético encendieron las alarmas frente al panorama del gas natural en Colombia para el año 2025.
De acuerdo con las declaraciones de gremios del gas y representantes de entidades estatales, el país no contará con el suministro suficiente para atender la demanda interna, lo que obligaría a una mayor dependencia de las importaciones.
Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), planteó su preocupación por el déficit proyectado y por el hecho de que el gas importado, proveniente principalmente de la planta regasificadora de Cartagena, prioriza el abastecimiento del parque térmico.
Según explicó, durante este año parte del gas nacional fue destinado a sectores no esenciales, dejando sin cobertura al segmento residencial, que tuvo que ser atendido con gas importado, más costoso y con implicaciones tarifarias directas para los usuarios.
Velandia sostuvo que, si bien la infraestructura de regasificación está en proceso de ampliación, esta medida no garantizaría cobertura total ni estabilidad en los precios.
“La prioridad debería ser que la demanda esencial, hogares y ciertos sectores comerciales, se atienda con gas de producción nacional”, enfatizó. A su juicio, esto permitiría optimizar los volúmenes disponibles y evitar que la volatilidad del mercado internacional golpee directamente a los consumidores residenciales.
Mientras tanto, la expectativa sobre la planta de regasificación del Pacífico, cuya entrada en operación ha sido proyectada para el primer semestre de 2025, no resuelve el panorama a corto plazo. Esta instalación aportaría cerca de 60 millones de pies cúbicos, frente a una necesidad estimada de 120 millones. La ANH espera acelerar la declaratoria de comercialización de campos ya descubiertos para cubrir parte de la demanda, aunque los tiempos siguen siendo inciertos.
El impacto no se limita al suministro de gas. La situación también se extiende a la infraestructura eléctrica, especialmente en Bogotá, donde el gerente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Juan Ricardo Ortega, advirtió sobre un déficit de más de 300 torres necesarias para garantizar la cobertura total de la ciudad. Ortega manifestó que, sin inversiones sustanciales, no se puede descartar la posibilidad de racionamientos. Además, indicó que los costos para expandir la red eléctrica son altos y urgentes, lo cual representa un desafío en medio de un contexto fiscal adverso.
La preocupación se agudiza en la región Caribe, donde la empresa Air-e, encargada de la distribución de energía en varios departamentos, enfrenta dificultades de sostenibilidad financiera. Aunque ha sido intervenida, su futuro permanece incierto ante la falta de respaldo económico. La eventual liquidación de la compañía significaría un golpe profundo a la prestación del servicio en la costa atlántica, especialmente porque no hay otro operador disponible que pueda asumir de inmediato su cobertura.
Durante el evento de ANDESCO, el ambiente ha estado marcado por la falta de certezas. Las intervenciones han dejado en evidencia el nivel de exposición del país a una posible crisis energética de gran escala. La ausencia de pagos por parte del Gobierno Nacional, tanto en subsidios como en compensaciones a las generadoras y distribuidoras de energía, fue señalada por varios actores como una de las causas estructurales del deterioro del sistema.
Los datos y análisis compartidos en el congreso han trasladado el foco de la discusión técnica al plano político. Mientras el sector pide definiciones claras y decisiones de fondo, persisten los vacíos institucionales. A medida que se acerca el final de 2025, las advertencias de los gremios no solo apuntan a un incremento sostenido en las tarifas del gas, sino también a una creciente presión sobre la estabilidad de los servicios públicos domiciliarios en general.
