La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continuó con la audiencia en el proceso que se adelanta contra el coronel (r) del Ejército Nacional, Publio Hernán Mejía, señalado por su presunta responsabilidad en al menos 72 casos de ejecuciones extrajudiciales durante su comandancia en el Batallón de Infantería No. 7 ‘La Popa’, con sede en Valledupar.
Durante esta jornada se esperaba la continuación del contrainterrogatorio a cargo del fiscal Samuel Serrano, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, así como la formulación de preguntas por parte de los representantes de las víctimas y la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, la defensa del coronel Mejía, en cabeza del abogado Germán Navarrete, informó a los magistrados que su cliente volvía a acogerse al derecho constitucional a guardar silencio, decisión que había suspendido parcialmente en días anteriores.
Ante este anuncio, tanto la Fiscalía de la JEP como las otras partes procesales solicitaron a los magistrados autorización para presentar igualmente sus preguntas, pese a que no habría respuestas por parte del acusado. La magistrada Reinere Jaramillo, tras deliberación con los demás integrantes de la Sección, concedió la solicitud, indicando que las partes podrían formular sus interrogantes con base en los derechos de las víctimas dentro del proceso.
Durante el desarrollo de las sesiones previas, el coronel (r) Mejía ha optado mayoritariamente por no responder los cuestionamientos y, en los casos en los que ha brindado respuestas, estas han sido breves y sin profundización.
El juicio ante la JEP forma parte del Caso 03, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. En el expediente se registran hechos ocurridos entre los años 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, bajo jurisdicción del Batallón La Popa, unidad que para ese entonces era comandada por Mejía.
La JEP ha establecido que el derecho a guardar silencio está garantizado a todas las personas sometidas a juicio, en virtud del principio de no autoincriminación, por lo que la decisión del acusado se enmarca dentro del marco legal del proceso transicional.
La sesión número 13 continuará hasta el 28 de mayo, fecha en la que se espera avanzar en la recepción de pruebas y diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso.
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