La Contraloría de Bogotá identificó presuntas irregularidades fiscales por un monto de $2.274 millones en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras una auditoría al contrato encargado del mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico del sistema de videovigilancia de la capital.
El ente de control estableció los hallazgos en el marco de una Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados realizada a la dependencia distrital. En dicho proceso, se revisó el contrato SCJ-1816 de 2023, suscrito para garantizar el mantenimiento y operación del sistema de cámaras que apoya la seguridad en la ciudad.
Según el informe, durante el año 2024 se llevaron a cabo 1.034 visitas de mantenimiento correctivo por parte del contratista. Sin embargo, en la mayoría de los casos las reparaciones no fueron ejecutadas directamente por la empresa contratada, sino que se limitaron a un diagnóstico del daño y a la remisión del caso a otras entidades como Enel Codensa y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) para su resolución.
Pese a no haber efectuado los arreglos de forma directa, el contratista habría cobrado el valor total del servicio como si se tratara de una intervención completa, y dichos pagos fueron autorizados por la supervisión del contrato dentro de la Secretaría de Seguridad.
El documento contractual establece de manera explícita que los casos en los cuales el contratista no realice directamente la reparación y deba trasladar el requerimiento a un tercero, no pueden ser objeto de facturación. No obstante, la auditoría determinó que los servicios sí fueron cobrados y pagados, configurando el presunto detrimento fiscal.
El contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, informó que el caso fue remitido a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la entidad, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas y recuperar los recursos comprometidos. “Este proceso será priorizado porque se trata de recursos destinados a la seguridad que tanto se necesitan en la ciudad”, señaló.
El sistema de videovigilancia de Bogotá, compuesto por miles de cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, constituye una de las principales herramientas del Distrito para la prevención y respuesta frente a hechos delictivos. Su mantenimiento y funcionamiento son considerados esenciales para la gestión de la seguridad ciudadana.
La Contraloría adelantará ahora la investigación formal para determinar la responsabilidad tanto del contratista como de los funcionarios de la Secretaría que autorizaron los pagos, y establecer las medidas necesarias para el resarcimiento de los fondos públicos involucrados.
