El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció públicamente el costo del esquema de seguridad asignado a Gustavo Bolívar, exsenador y actual funcionario del Departamento para la Prosperidad Social.
De acuerdo con Briceño, el esquema tiene un valor de $709.989.463 por un periodo de 134 días, cifra que será cubierta con recursos públicos.
La denuncia fue realizada a través de un video difundido en las redes sociales del Concejal, en el que detalla los elementos que conforman el esquema de protección de Bolívar: dos camionetas blindadas, una camioneta convencional, siete escoltas, viáticos y combustible.
“Miren la profunda incoherencia y doble moral del señor Gustavo Bolívar. Miren estos trinos que hacía él antes de estar en el gobierno Petro”, expresó Briceño al inicio de su intervención. En su publicación, el Concejal expuso antiguos mensajes de Bolívar en redes sociales, en los que criticaba el uso de camionetas blindadas y esquemas de seguridad costosos por parte de congresistas y altos funcionarios del Estado.
Briceño señaló que la contratación del esquema de seguridad fue realizada por Prosperidad Social, entidad adscrita a la Presidencia de la República. El valor total del contrato, según los documentos citados por el Corporado, se destina al pago de vehículos blindados, combustible, gastos de viaje y el equipo de escoltas asignado.
“Más de $709,989,463 pesos para los siguientes 134 días”, reiteró Briceño en el video, enfatizando que ese valor representa una carga para los contribuyentes colombianos. También cuestionó la coherencia del funcionario, recordando que Bolívar, en el pasado, se había declarado como una persona de altos ingresos y afirmado no necesitar su salario como congresista.
Durante su intervención, el concejal Briceño, criticó lo que considera un cambio en el discurso del exsenador. “Si quieren andar en camionetas blindadas como reyes, pues que lo paguen con su propio bolsillo”, dijo el Corporado, refiriéndose a funcionarios públicos que aceptan este tipo de esquemas financiados con recursos del Estado.
La denuncia se suma a otras discusiones recientes sobre el uso de recursos públicos en esquemas de protección para funcionarios, y revive los cuestionamientos sobre los estándares de austeridad que diversos sectores han exigido al Gobierno Nacional y sus entidades adscritas.
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