En el marco del debate de control político adelantado este martes en la Comisión Quinta del Senado de la República por el lote de Aguas Vivas, el secretario general de Medellín, Sebastián Gómez, presentó una exposición técnica sobre el caso.
El debate, convocado por el senador Andrés Guerra Hoyos, del Centro Democrático, tuvo como objetivo analizar posibles responsabilidades políticas y administrativas derivadas del proceso de transferencia y posterior intento de pago por dicho predio, cuyo valor pasó de $3.000 millones a más de $40.000 millones en diferentes administraciones municipales.
Durante su intervención, Gómez indicó que una de las principales acusaciones de Quintero, quien había afirmado que la administración de Medellín infló el valor de los lotes. Según el secretario general, el avalúo comercial del predio Aguas Vivas fue realizado en noviembre de 2020 por el exsecretario de Gestión y Control Territorial de la administración de Quintero, no por Federico Gutiérrez, como se había señalado.
Gómez explicó que el lote ya había sido recibido por el municipio en 2019 como parte de las compensaciones urbanísticas conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por el Concejo de Medellín.
Además, el Secretario General detalló que la escritura pública del predio fue firmada por una servidora pública, no por Federico Gutiérrez, como había sido señalado en algunos comentarios. El titular de esta dependencia Distrital defendió la legalidad del proceso, mencionando que la firma se basó en más de dos años de estudios técnicos y validaciones que respaldaban la operación.
Afirmó que la transferencia del predio al municipio de Medellín fue completamente legal, y que la escritura pública de 2019 sigue vigente, a pesar de que el bien fue restituido a los particulares en 2022.
Gómez también refutó las declaraciones de Quintero sobre la anulación del proceso por parte del Consejo de Estado. Según el Secretario General, la justicia no anuló la escritura del predio, sino que protegió el patrimonio público al impedir el pago de $40.509 millones por un predio que ya pertenecía a la ciudad de Medellín. «El Consejo de Estado protegió el patrimonio público para evitar que se pagaran $40.000 mil millones de pesos por un predio que ya era de la ciudad», explicó Gómez durante el debate.
Otro punto crítico abordado por Gómez fue la acusación de Quintero sobre la relación entre la administración de Federico Gutiérrez y los fiscales encargados del caso. Gómez aclaró que la fiscalía que lleva el caso de Aguas Vivas es delegada de la Fiscalía General de la Nación y no tiene vínculos con la Alcaldía de Medellín.
Además, criticó que durante la administración de Quintero no se hubiera presentado una denuncia penal ante la Fiscalía, a pesar de los supuestos hallazgos de corrupción. «Si el supuesto cartel de lotes era tan evidente, ¿Por qué no se radicó denuncia penal durante la administración de Daniel Quintero?», cuestionó Gómez.
Vea la presentación completa del Secretario General de Medellín aquí:
Finalmente, el Secretario General expuso que las investigaciones realizadas por la Fiscalía derivaron en la imputación de cargos a varias personas, incluido Quintero, por delitos como prevaricato, peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Según el informe de la Fiscalía, el caso Aguas Vivas ha generado un perjuicio al patrimonio público que asciende a más de $66.000 millones.
El debate también destacó que en 2023, después de que el municipio perdiera el predio, se modificó el uso del suelo en la zona, permitiendo la construcción de edificios de hasta 15 pisos y la construcción de hoteles, lo que contraviene las normas originales del POT. Esta modificación fue realizada mediante el Decreto 412, suscrito por Daniel Quintero, el cual fue objeto de críticas por su posible ilegalidad.
