En la ciudad de Medellín se llevó a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca una reforma estructural al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).
El encuentro fue liderado por los congresistas Daniel Carvalho y Catherine Juvinao, quienes han impulsado esta iniciativa legislativa junto a otros miembros del Congreso.
El evento convocó a estudiantes de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, así como a docentes y expertos en temas educativos. La audiencia se centró en escuchar los aportes de distintos sectores sobre el actual sistema de financiamiento para la educación superior en Colombia y sobre las propuestas incluidas en el articulado del proyecto de ley.
Durante el desarrollo del encuentro, los asistentes plantearon inquietudes y sugerencias que, según los organizadores, serán tenidas en cuenta para la construcción de la ponencia que se presentará próximamente ante el Congreso.
Entre los puntos más mencionados estuvieron la necesidad de ampliar el acceso a subsidios de sostenimiento, así como el fortalecimiento de la atención en salud mental como parte del acompañamiento a los beneficiarios de los créditos educativos.
También se abordaron temas relacionados con el endeudamiento del ICETEX con organismos internacionales como el Banco Mundial, y la forma en que esas obligaciones impactan a los estudiantes. Se discutió la posibilidad de establecer mecanismos de cofinanciación y concurrencia de recursos para garantizar mayor estabilidad financiera sin trasladar esas cargas al estudiantado.
La congresista Juvinao indicó que el proyecto será radicado en ponencia en los próximos días con la intención de ser aprobado en primer debate antes del 20 de junio. Destacó que esta propuesta legislativa se articula con la reforma a la Ley 30 de educación superior, y que ambos proyectos avanzan de manera complementaria con el objetivo de fortalecer el sistema educativo del país.
Carvalho, por su parte, reiteró que el propósito es garantizar que los jóvenes colombianos tengan mayores oportunidades para acceder a la educación superior sin que eso represente una carga financiera insostenible para ellos o sus familias.
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