La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal informó que presentará una demanda en contra del proyecto de decreto propuesto por el Gobierno nacional que plantea aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las operaciones realizadas a través de plataformas digitales y billeteras electrónicas como Nequi, Daviplata y Movii.
Según la congresista, la medida impulsada por el Ejecutivo representa un “golpe directo” al bolsillo de los colombianos y contradice las políticas de inclusión financiera que el mismo Gobierno ha promovido. En un video publicado en sus redes sociales, Cabal señaló que la disposición “atenta contra la libertad económica” y afectaría a millones de usuarios que realizan sus transacciones cotidianas mediante servicios financieros digitales.
“Vuelve y nos quiere robar Gustavo Petro con un proyecto de decreto donde grava las transacciones de las billeteras digitales, ¿Acaso el afán no es formalizar al informal, bancarizar al no bancarizado? ¿Quién no usa Nequi o Daviplata? Le están quitando la plata a la gente más pobre”, expresó la senadora en su declaración.
La Senadora sostuvo que este tipo de disposiciones “castigan” a los sectores más vulnerables y desincentivan la adopción de herramientas tecnológicas que han permitido el acceso a servicios financieros en zonas donde no existe presencia bancaria tradicional. Además, aseguró que el Ejecutivo está impulsando políticas que “empujan a la población nuevamente hacia la informalidad”.
El proyecto de decreto en cuestión contempla que los pagos realizados por medios digitales estén sujetos a retención en la fuente por concepto de IVA, con el propósito de unificar el tratamiento tributario que ya se aplica a las transacciones efectuadas mediante tarjetas bancarias. Sin embargo, el documento aún se encuentra en revisión y no ha sido expedido oficialmente.
El anuncio generó preocupación entre analistas como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que “gravar las transacciones digitales con una retención del 1,5%, equivalente al 15 por mil, va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”. Según explicó, esta medida encarecería las operaciones electrónicas y podría reducir el uso de medios digitales que en los últimos años se han consolidado como una alternativa segura y eficiente para millones de usuarios.
Cabal insistió en que su equipo jurídico avanza en la preparación de la demanda, que será presentada ante el Consejo de Estado una vez el decreto sea firmado por el Gobierno. Su propósito, afirmó, será frenar lo que considera “una medida regresiva y perjudicial” para los ciudadanos que dependen de las plataformas digitales para recibir ingresos, transferencias o pagos cotidianos.
