Desde el municipio de Jericó, en el suroeste del departamento de Antioquia, el concejal de Bogotá Daniel Briceño emitió una denuncia pública a través de un video en sus redes sociales, en el que cuestiona las políticas del Gobierno nacional en relación con el uso del suelo, la actividad minera legal y la autonomía territorial de los municipios.
Briceño afirmó que el Gobierno Petro estaría implementando un plan orientado a modificar la tenencia y uso de la tierra en Colombia. Según el Concejal, este proceso se estaría dando por medio de decretos y resoluciones emanadas del Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras, como parte de lo que denominó “Gran Reforma Agraria Integral”.
Entre los mecanismos mencionados por el Corporado se encuentran:
- Las Zonas para la Protección y Producción de Alimentos (APAS)
- Los Territorios Campesinos Agroalimentarios
- Las Autoridades Indígenas Ambientales
- Las Autoridades Territoriales Económicas y Ambientales (ATEA)
- Los Distritos Mineros y las Áreas de Reserva Temporal.
Según Briceño, estos instrumentos se han venido aplicando inicialmente en departamentos como La Guajira y ahora en zonas del suroeste antioqueño, con efectos sobre la minería formal y otras actividades económicas.
Durante su intervención, el concejal Briceño, criticó la que denominó una estrategia “silenciosa” del Gobierno para intervenir en la autonomía de los municipios, señalando que estas acciones limitan el desarrollo de actividades productivas, industriales y comerciales. También expresó que dichas medidas afectarían el derecho a la propiedad privada al cambiar, desde el nivel central, las decisiones que tradicionalmente corresponden a los entes territoriales.
Briceño sostuvo que estos procesos estarían justificados desde un discurso ambiental, al que se refirió como contradictorio frente al manejo de la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Señaló que mientras se establecen restricciones para proyectos empresariales formales, no se aplican acciones similares frente a prácticas que, según indicó, generan deforestación y deterioro ambiental.
El concejal concluyó su mensaje indicando que el conjunto de estas medidas constituiría, a su juicio, un cambio estructural en la gestión del territorio en Colombia, con implicaciones sobre la propiedad privada y el marco de competencias municipales establecido en la Constitución.
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