El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las observaciones realizadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el aumento del consumo de drogas en Colombia, especialmente en sectores del alto Gobierno.
El funcionario calificó la postura del legislativo estadounidense como contradictoria y cuestionó directamente el historial del país norteamericano en materia de consumo y control de estupefacientes.
“Ese es el burro hablando de orejas”, afirmó Benedetti, en respuesta a los señalamientos incluidos en un informe del Congreso de Estados Unidos, en el que se plantea la reducción del apoyo financiero a Colombia, pasando de 419 a 209 millones de dólares.
El documento menciona preocupación por el crecimiento del consumo interno de drogas en Colombia, particularmente en altos niveles del Ejecutivo, aunque no identifica a ningún funcionario en específico.
Benedetti criticó con dureza la posición del Congreso estadounidense y señaló que Estados Unidos “es el país donde más cocaína se consume, donde más presos por metro cuadrado hay por narcotráfico”, y añadió que fue allí donde se “inventó el fentanilo”, al que calificó como la sustancia que más muertes produce a nivel global por sobredosis.
El jefe de la cartera del Interior también sostuvo que, a pesar del volumen de consumo, las incautaciones en territorio estadounidense son menores en comparación con otras regiones del mundo. “Allá las drogas y la coca pululan y reinan”, expresó el ministro, reiterando sus críticas al enfoque de control de drogas adoptado por Washington.
Las declaraciones de Benedetti se suman a la respuesta que horas antes había emitido el presidente Gustavo Petro, quien también se refirió al informe de la Cámara estadounidense. En su mensaje, el mandatario puso en duda el enfoque de cooperación basado únicamente en el apoyo financiero, y afirmó que Colombia también hace aportes importantes a la lucha contra el narcotráfico.
El informe del Congreso de Estados Unidos se conoce en medio de un proceso legislativo que evalúa recortes a la asistencia internacional, incluidos los fondos destinados a Colombia, en el marco de sus políticas antinarcóticos y de seguridad regional.
