La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional del pasado 26 de junio, en la que se revocó la intervención administrativa impuesta por el Gobierno a la EPS Sanitas.
El gremio calificó el fallo como una señal en defensa del orden institucional y recordó que la Corte consideró que la medida no cumplió con los procedimientos legales establecidos.
El pronunciamiento de la Corte resolvió una tutela presentada por Sanitas y sus filiales, en la cual se alegaba una afectación al debido proceso durante la toma de posesión ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de abril de 2024. La decisión dejó sin efectos tres fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá.
En respuesta, Acemi destacó que la sentencia constituye un mensaje sobre la importancia de respetar el marco jurídico. “El fallo adoptado por mayoría de la Sala Plena es un mensaje contundente de defensa institucional y respeto al ordenamiento jurídico”, señaló el gremio, que agrupa a las EPS del régimen contributivo.
La agremiación también planteó que la coyuntura permite avanzar en la discusión de los problemas estructurales del sistema, en particular la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Afirmaron que autos anteriores de la Corte —el 007 de 2025 y el 504 de abril— ya habían advertido la necesidad de ajustar este mecanismo de financiación.
“La falta de respuesta frente a estos llamados genera riesgos para todo el sistema, incluso para EPS que no han sido intervenidas, al tener que recibir usuarios sin contar con los recursos adecuados para atenderlos”, señaló Acemi.
Sanitas, que cuenta con más de 5,7 millones de afiliados, fue considerada durante el proceso como una de las entidades clave del sistema. Acemi advirtió que restablecer la normalidad operativa será un reto significativo, teniendo en cuenta que más del 59% de los usuarios en el país han estado cobijados por EPS intervenidas en los últimos meses.
“Reiteramos que la prioridad debe ser el paciente”, indicó la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, quien agregó que los indicadores de atención se han deteriorado. Según la dirigente, el fallo debe abrir la puerta a un diálogo técnico para realizar ajustes que fortalezcan la sostenibilidad del sistema y eviten fragmentaciones en la prestación del servicio.
El gremio reafirmó su disposición a participar en ese proceso. “Construir sobre lo que ha funcionado, corregir lo que debe mejorarse y proteger a los pacientes debe ser el propósito común”, señaló el comunicado.
La Corte Constitucional dejó sin efecto la intervención administrativa, pero el debate sobre el modelo de aseguramiento y la financiación de las EPS continúa abierto en medio de un panorama de reformas aún sin definición en el Congreso.
