El abogado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, confirmó este lunes que radicará una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presunta negligencia en el manejo de las solicitudes de seguridad elevadas por el congresista durante el presente año.
La denuncia será presentada ante la Fiscalía General de la Nación y se fundamenta en que, según el abogado, durante 2025 se remitieron más de 23 solicitudes formales a la UNP solicitando el refuerzo del esquema de seguridad de Uribe Turbay. La última de ellas fue radicada el 5 de junio, dos días antes del atentado que dejó al precandidato en estado crítico, tras recibir impactos de bala en la cabeza durante un acto público en el barrio Modelia de Bogotá.
Desde la Fundación Santa Fe, centro médico donde permanece internado el senador, Mosquera explicó que el nivel de riesgo de Uribe fue catalogado como «extraordinario» por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) en 2023. No obstante, la evaluación no fue actualizada en 2024, pese a que desde octubre de ese año Uribe fue oficialmente precandidato presidencial.
“El senador Miguel Uribe, el senador más votado en su momento, tenía un esquema que simplemente respondía a un congresista, porque no le entregan el mismo esquema que le han entregado a líderes sociales”, declaró Mosquera ante medios de comunicación.
El abogado aseguró que desde enero de 2025, las respuestas emitidas por la UNP fueron, en sus palabras, “repetitivas”, señalando que no representaba un riesgo y negando apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos.
Entre los hechos señalados en la denuncia, Mosquera mencionó que durante la Conferencia Bancaria en Cartagena, Uribe tuvo que asistir únicamente con su equipo de campaña, sin escoltas autorizados ni presencia de protección en el evento.
Mosquera también citó una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, que establece la necesidad de brindar protección especial a los miembros de la oposición política. Señaló que, a su juicio, no se ha implementado un esquema diferenciado que garantice la vida e integridad de los dirigentes opositores al Gobierno Nacional.
