En un acto simbólico realizado este viernes, el presidente Gustavo Petro entregó al Congreso de la República la solicitud formal para convocar una consulta popular. El Legislativo tiene ahora un plazo de 30 días para aprobar o rechazar la iniciativa, que ha generado amplio debate tanto en el ámbito político como económico.
El Gobierno proyecta realizar la consulta en agosto y estima una participación cercana a los 15 millones de votantes, de los cuales espera que al menos 8 millones respalden las propuestas. Los temas que se someterían a votación están enfocados en reformas laborales y sociales, con preguntas que, en su mayoría, apelan al interés de los trabajadores.
Entre las propuestas presentadas se encuentran:
¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
Si bien la propuesta ha sido presentada como una herramienta de justicia social y laboral, diversos sectores económicos han expresado preocupación por sus posibles consecuencias. Voceros del Consejo Gremial y del Banco de la República han advertido que la implementación de estas medidas podría generar un impacto negativo en el empleo, especialmente en un contexto económico complejo.
El ministro de Trabajo, Antonio Sandino, ha evitado precisar el costo fiscal de aplicar estas reformas, tanto para el sector público como para el privado. En un escenario donde muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan serias dificultades financieras, la preocupación por una mayor carga económica laboral es creciente.
A pesar de los riesgos señalados por analistas y expertos, el Gobierno insiste en avanzar con su propuesta, en un contexto político en el que sus discursos han sido calificados por algunos sectores como confrontativos y cargados de retórica populista.
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