Avanza a esta hora la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y otras doce personas señaladas de participar en presuntas irregularidades relacionadas con la devolución y posterior valorización del lote Aguas Vivas, un predio de más de 140.000 metros cuadrados.
La diligencia se lleva a cabo de manera virtual ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, marcando con ello el inicio formal de la etapa preparatoria del juicio oral. IFMNOTICIAS está transmitiendo la audiencia en vivo a través del siguiente enlace:
Entre los argumentos, la Fiscalía General de la Nación tiene cerca de 4.000 pruebas documentales para sustentar sus acusaciones. La Fiscalía sostuvo que, al fracasar una conciliación prejudicial, la administración expidió el Decreto 412 de 2023, que redefinió el sector como Parque Tecnológico Valle del Software y modificó parámetros urbanísticos clave.
Para la Fiscalía, estos cambios solo podían ser aprobados por el Concejo de Medellín, y hacerlo por decreto constituiría una extralimitación de funciones, pero Quintero insiste en que no modificó el POT y que el decreto mantiene la obligación de ajustarse al Acuerdo 48 de 2014.
El proceso también advirtió impactos sobre predios vecinos, como Las Brisas, que son propiedad de la familia del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, y el Ecoparque Las Palmas, zonas donde, según la Fiscalía, los cambios normativos también pudieron influir en su potencial de desarrollo.
En total, son 13 los acusados: el exalcalde Daniel Quintero; los exfuncionarios Fabio Andrés García Trujillo, Ingrid Vanessa González Montoya, Yina Marcela Pedroza Gómez, Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, Natalia Andrea Jiménez Pérez, Alethia Carolina Arango Gil y Leidy Jiménez Echavarría; y tres particulares: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez.
Al parecer, los delitos imputados incluyeron interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación, pues, según la Fiscalía, las decisiones adoptadas habrían favorecido económicamente a privados.
Mientras avanza esta audiencia penal, también se desarrolla en paralelo otro proceso entre los dos protagonistas políticos de Medellín. A esta hora se lleva a cabo la audiencia virtual de conciliación entre el alcalde Federico Gutiérrez y el exalcalde Daniel Quintero, luego de que Gutiérrez denunciara a Quintero por presuntos delitos de injuria y calumnia relacionados con 70 publicaciones en X.
El abogado de la defensa, Juan Felipe Criollo Figueroa, cuestionó fuertemente la imputación presentada por la Fiscalía, asegurando que esta es deficiente, confusa y jurídicamente insostenible.
Según su argumentación, la acusación carece de claridad, precisión y fundamentación, al punto de que el juez de control de garantías tuvo que intervenir repetidamente para pedir explicaciones básicas sobre el presunto delito, incluyendo tiempo, modo, lugar y la forma en que se habría exteriorizado el supuesto interés indebido.
Criollo expresó además que la Fiscalía presentó acusaciones genéricas, agrupando a todos los funcionarios sin individualizar sus conductas ni explicar qué hizo cada uno. También señaló que los argumentos sobre principios de contratación, dolo y antijuridicidad fueron tratados de manera superficial, “a vuelo de pájaro”, incumpliendo las exigencias jurisprudenciales.
Para la defensa, el error más grave es que la Fiscalía no identificó el objeto material del delito, es decir, no especificó cuál contrato o trámite contractual habría sido manipulado o influenciado de forma indebida.
De acuerdo a Criollo, esta omisión vuelve la imputación jurídicamente inválida en delitos contra la administración pública. Incluso, al revisar la grabación de la audiencia, el abogado destacó que la fiscal menciona presuntos beneficiarios, pero nunca define el contrato, lo que vuelve el relato “enredado y difícil de entender”.
El defensor concluyó que las falencias fueron tan profundas que el juez actuó como un “faro”, guiando a la Fiscalía para corregir su imputación, lo que evidencia, según dijo, que la acusación está construida sobre bases débiles y sin cumplir los requisitos mínimos de legalidad.
