En un candente debate de control político realizado en el Senado de la República y citado por el senador del Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos, varios concejales de Medellín tomaron la palabra para exponer las graves irregularidades que rodean el caso del lote Aguas Vivas, por el cual el exalcalde Daniel Quintero fue recientemente imputado por la Fiscalía General de la Nación.
La concejal Claudia Carrasquilla, exfiscal con 26 años de experiencia y pensionada de la misma entidad, fue una de las voces más contundentes del debate. Carrasquilla recordó que, antes de asumir como cabildante, hizo parte del equipo de abogados que recolectó las pruebas que hoy sustentan la imputación contra Quintero. Refiriéndose al exalcalde de manera coloquial como “Danielito”, subrayó que los hechos por los cuales fue llamado a responder ante la justicia no son menores y podrían llevarlo a prisión por delitos asociados al manejo del predio Aguas Vivas.
Por su parte, el concejal Andrés Rodríguez hizo memoria del proceso de revocatoria que intentaron liderar ciudadanos en contra de Quintero, el cual, según denunció, fue frustrado por maniobras institucionales que impidieron la libre participación. Rodríguez señaló que no solo el exalcalde debe responder, sino también un grupo de funcionarios que, bajo su orientación, habrían cometido actos delictivos. “No fue solo Daniel Quintero. Fue un equipo, bajo su mando, que terminó delinquiendo”, afirmó ante el Senado.
Durante el debate, el concejal Alejandro De Bedout fue interrumpido por los senadores Inti Asprilla, de la Alianza Verde, y Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quienes se declararon ofendidos por sus afirmaciones y le impidieron continuar su intervención. La censura generó malestar entre algunos asistentes, quienes vieron limitada la libertad de expresión de los concejales invitados.
La concejal Paulina Suárez, por su parte, llamó a centrar el debate en los hechos y dejar que la justicia actúe. Recordó el deterioro de los programas sociales durante la administración de Quintero y reiteró que el caso Aguas Vivas ya está bajo el análisis judicial, por lo que corresponde ahora a las instituciones competentes actuar.
Finalmente, el concejal Andrés Tobón denunció una estructura sistemática de corrupción en el caso. Afirmó que Quintero y sus funcionarios buscaron engañar a la ciudad y a la justicia, utilizando discursos como el “Paro Ecológico de Las Palmas” y el Plan de Desarrollo para encubrir un volteo de tierras, alterando el uso del suelo de forma irregular con la complicidad de actores privados.
El debate en el Senado evidenció las profundas fracturas políticas en torno al legado de Daniel Quintero y dejó claro que el caso Aguas Vivas sigue generando repercusiones a nivel nacional.
