El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de crear un impuesto al patrimonio para empresas, en el marco de una eventual nueva emergencia económica por la crisis invernal, abrió un choque directo con el sector empresarial, que calificó la medida como un golpe a la inversión y a la permanencia de capital productivo en el país.
Durante el consejo de ministros realizado en Córdoba este martes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expuso que el Gobierno calcula una necesidad cercana a 8 billones de pesos para atender los daños causados por las lluvias en varias regiones del Caribe.
Según explicó, una de las alternativas en estudio es un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, que se aplicaría una vez se decrete una nueva emergencia económica.
La propuesta contempla gravar patrimonios empresariales a partir de 200.000 UVT, equivalentes a más de 10.000 millones de pesos, con una tarifa de 0,6%. Para patrimonios superiores a 600.000 UVT, es decir, más de 30.000 millones de pesos, la tarifa ascendería a 1,2%.
De acuerdo con el ministro, la medida buscaría excluir a pequeñas y medianas empresas y se enmarcaría en un esquema progresivo similar al utilizado en otras reformas tributarias.
Ávila sostuvo que el Ejecutivo enfrenta dos escenarios, por un lado, insistir ante la Corte Constitucional en la reactivación del decreto de emergencia anterior, suspendido de forma provisional, o avanzar hacia una nueva declaratoria basada en lo que el Gobierno considera un hecho sobreviniente. Mientras se resuelve la situación jurídica, el funcionario señaló que la administración no puede suspender la búsqueda de recursos para atender la emergencia.
La reacción del gremio empresarial fue inmediata. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó en su cuenta de X que el impuesto propuesto equivale a gravar la inversión y la decisión de las compañías de mantener capital en Colombia.
En su pronunciamiento, señaló que la iniciativa se suma a cargas tributarias derivadas de la reforma de 2022, a impuestos relacionados con el uso de energía, a cambios en materia laboral y a decisiones administrativas que, según su lectura, han afectado la actividad empresarial.
Mac Master sostuvo que afectar a las empresas repercute en la generación de empleo y en la capacidad de crear oportunidades económicas. Su declaración también incluyó críticas a lo que describió como actuaciones institucionales y discursos que, en su opinión, han impactado la relación entre el Estado y el sector productivo.
El ministro de Hacienda, por su parte, reiteró que la magnitud de las afectaciones por las inundaciones exige una respuesta fiscal de gran escala y pidió respaldo institucional para las herramientas extraordinarias. En su intervención, mencionó decisiones recientes del Congreso, de la Corte Constitucional y del Banco de la República como factores que inciden en el margen de maniobra del Ejecutivo para enfrentar la coyuntura.
La discusión sobre el impuesto al patrimonio queda ahora atada a la eventual declaratoria de emergencia económica y al examen constitucional de las medidas que adopte el Gobierno, en medio de un debate abierto entre la urgencia de financiación pública y las alertas del sector empresarial sobre el impacto de nuevas cargas tributarias.
