Un juez penal especializado emitió fallo condenatorio contra integrantes de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su responsabilidad en varios secuestros de periodistas ocurridos entre 2016 y 2017. La decisión judicial involucra también a miembros del autodenominado Comando Central (Coce).
El pronunciamiento del despacho judicial señala como responsables a Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como ‘Gabino’; Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, quienes para la época de los hechos integraban la dirección nacional del ELN. A ellos se suman Leinner José Franco Pérez, identificado como ‘Marco’s’ o ‘Barbas’, y José Yuli Ávila Fierro, conocido como ‘Cuyo’ o ‘Jaguar’, señalados como cabecillas del Frente de Guerra Nororiental.
La decisión se relaciona con varios secuestros de comunicadores que se registraron en distintas regiones del país. El primero de los casos corresponde a la periodista Salud Hernández Mora, quien fue privada de la libertad el 21 de mayo de 2016 mientras realizaba labores periodísticas.
Dos días después, el 23 de mayo de ese mismo año, se produjo el secuestro del periodista Diego Alonso D’Pablos Aranda. En el mismo hecho también fueron retenidos su camarógrafo, Carlos Alberto Melo Calderón, y el conductor Jhon de Jesús Reales Barrera. Todos fueron interceptados cuando se desplazaban en el desarrollo de su trabajo informativo.
En esa misma fecha, 23 de mayo de 2016, se reportó otro caso que involucró a comunicadores locales. El periodista Diego Fernando Veloza Duque y los locutores de una emisora comunitaria, William del Carmen Mora Trujillo y María Zulay Ropero, fueron secuestrados en hechos que también fueron atribuidos a estructuras del ELN.
El proceso judicial también incluye el secuestro de dos periodistas extranjeros. Se trata de Derk Johanes Bolt y Eugenio Ernest Marle Follender, ciudadanos de Países Bajos, quienes fueron retenidos el 17 de junio de 2017 mientras adelantaban actividades periodísticas en territorio colombiano.
Según lo expuesto en la actuación judicial, los hechos analizados hacen parte de un patrón de privaciones ilegales de la libertad contra trabajadores de la prensa en el marco del conflicto armado. El sentido de fallo condenatorio constituye una etapa dentro del proceso penal, previo a la individualización de las penas correspondientes.
Las autoridades judiciales continúan con los trámites previstos en la ley para la lectura de la sentencia, en la que se establecerán las sanciones aplicables a los responsables por los delitos imputados en relación con estos secuestros.
