Emilio Tapia Aldana, empresario vinculado a algunos de los principales escándalos de corrupción registrados en el país en la última década, quedó en libertad tras una decisión judicial que le concedió el beneficio de libertad condicional. Tapia abandonó la cárcel El Bosque, en Barranquilla, luego de que un juzgado de ejecución de penas considerara cumplidos los requisitos legales para acceder a esta medida.
La orden fue emitida por la juez 11 de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien certificó que Tapia cumplió 90 meses y 10 días de prisión. Con base en ese tiempo efectivo de reclusión, el despacho judicial concedió la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, durante el cual tendrá que acatar las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.
Tapia fue condenado por su participación en el denominado caso Centros Poblados, uno de los episodios más sensibles en materia de corrupción reciente, debido a que involucró recursos destinados a garantizar conectividad digital en zonas rurales y apartadas del país.
En diciembre de 2024, el empresario recibió una condena de seis años y cuatro meses de prisión por el desfalco al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, proceso en el que se comprobó la utilización de garantías bancarias falsas para acceder a millonarios contratos estatales.
La trayectoria judicial de Tapia no se limita a ese expediente. También fue condenado en el marco del carrusel de la contratación en Bogotá, un entramado que comprometió la ejecución de obras públicas y evidenció fallas estructurales en los mecanismos de control estatal. En ambos casos, los procesos concluyeron con sentencias condenatorias que reconocieron su responsabilidad penal.
El empresario había obtenido previamente un beneficio similar el 11 de abril de 2025, cuando se le otorgó libertad condicional. No obstante, esa decisión fue revocada meses después.
El 31 de octubre, el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá ordenó su recaptura, al considerar que no se cumplían las condiciones exigidas para mantener la medida. Tras ese revés, Tapia regresó a prisión hasta que una nueva evaluación judicial derivó en la decisión conocida en las últimas horas.
Tapia es esposo de la representante a la Cámara, Saray Robayo, un vínculo que ha mantenido el foco público sobre sus procesos judiciales, en especial por las implicaciones políticas y el impacto institucional que han tenido los casos en los que ha sido condenado. Sus actuaciones afectaron recursos públicos destinados a programas de infraestructura y conectividad, sectores clave para poblaciones con acceso limitado a servicios del Estado.
