El empresario Emilio Tapia, figura central del sonado caso de corrupción relacionado con Centros Poblados, logró un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, admitiendo su responsabilidad en el desfalco de más de $70.000 millones que debían destinarse a llevar internet a escuelas rurales en Colombia.
Este escándalo, ocurrido durante el gobierno de Iván Duque, se convirtió en símbolo de la corrupción que golpea al país.
Los puntos clave del acuerdo
El preacuerdo establece cuatro condiciones esenciales:
- Condena reducida a seis años de prisión: Aunque la pena es menor, refleja la gravedad de las faltas.
- Devolución de recursos: Tapia debe reintegrar $5.000 millones, de los cuales ya entregó $2.500 millones en efectivo. El resto será compensado mediante bienes inmuebles ubicados en Girardot y Medellín.
- Colaboración con la justicia: Tapia se comprometió a ser testigo clave, aportando información sobre otros implicados en la red de corrupción.
- Aceptación de culpabilidad: El empresario confesó los delitos que se le imputaban, consolidando su papel como colaborador en el proceso judicial.
El escándalo que sacudió al país
El caso Centros Poblados se destapó tras descubrirse que un contrato de $1,07 billones adjudicado por el Ministerio TIC fue obtenido y ejecutado con documentos falsos, desviando los fondos destinados a conectar las zonas rurales del país. Las empresas contratistas carecían de la capacidad técnica y financiera para cumplir con el proyecto, lo que resultó en la pérdida millonaria.
El escándalo generó una crisis de credibilidad en las instituciones, salpicando a altos funcionarios del gobierno de la época y dejando a miles de estudiantes sin acceso a internet en regiones apartadas.
Controversia en torno al preacuerdo
El preacuerdo entre Tapia y la Fiscalía ha desatado polémica. Mientras algunos ven en la colaboración del empresario una oportunidad para desmantelar la red de corrupción, otros critican la reducción de su condena como un mensaje de permisividad frente a los delitos de cuello blanco.
Con este pacto, la Fiscalía busca avanzar en las investigaciones y garantizar la recuperación de una parte de los recursos desviados. Sin embargo, queda por ver si el testimonio de Tapia logrará exponer a otros responsables de uno de los mayores desfalcos en la historia reciente de Colombia.
