Un juez especializado en Bogotá condenó a Emilio Tapia a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el desfalco de Centros Poblados, caso que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
Tapia, quien previamente había estado implicado en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por 70.000 millones de pesos para llevar internet a escuelas rurales.
Las investigaciones revelaron que los documentos presentados para garantizar el contrato eran falsos, facilitando el desembolso de un anticipo millonario que no benefició a las comunidades previstas.
La Fiscalía presentó pruebas que demostraron la participación activa de Tapia en la estructuración del esquema de fraude y cómo se benefició de los recursos desviados. Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez destacó la gravedad de los hechos y la afectación a los recursos públicos.
Además de la condena a prisión, Tapia tendrá que pagar una multa millonaria como reparación al Estado. Aunque su defensa argumentó que había colaborado con las autoridades para obtener una reducción de la pena, el juez consideró que su contribución no era suficiente para disminuir su responsabilidad penal.
El escándalo de Centros Poblados puso en evidencia fallas en los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del caso, varios funcionarios públicos han sido investigados, y el MinTIC enfrentó una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.
