Los gremios económicos de Santander advirtieron sobre el impacto de la emergencia vial que afecta al departamento tras el colapso de dos corredores estratégicos, situación que ha generado sobrecostos diarios estimados en más de $75.000 millones de pesos y ha comprometido la movilidad de cerca de 60.000 personas cada día.
La emergencia se originó por las fuertes lluvias registradas durante la última semana, que provocaron una remoción en masa en la Transversal del Carare, destruyendo un tramo de la vía en jurisdicción del municipio de Vélez.
De manera paralela, en la Ruta 45A se mantiene el paso restringido entre Bogotá y Bucaramanga, a la altura del municipio de Oiba, debido a fallas estructurales que han limitado el tránsito vehicular.
Aunque las precipitaciones han disminuido en los últimos días, las autoridades aún no establecen una fecha de reapertura para la Transversal del Carare, lo que mantiene bloqueada una de las principales rutas de conexión entre el centro y el nororiente del país.
Desde el sector productivo, Prosantander señaló que la situación está afectando de manera directa la operación del transporte de carga y de pasajeros. “En tan solo 24 horas, dos corredores estratégicos del departamento colapsaron y la afectación es incalculable. Hablamos de la movilidad de por lo menos 60.000 pasajeros diarios y de sobrecostos que superan los $75.000 millones cada día. Esas tractomulas, esos pasajeros, esos vehículos, deben asumir costos al menos 40% más altos al verse obligados a tomar rutas alternas, largas e inseguras”, afirmó Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de la entidad, en declaraciones recientes.
Ante la gravedad de la situación, la Alianza por Santander, que agrupa a los principales gremios e instituciones del departamento, envió una carta a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Jhon Jairo González, solicitando acciones urgentes para restablecer la conectividad y evitar el aislamiento de las comunidades rurales.
El documento advierte sobre daños estructurales en los puntos críticos de la red vial nacional, como el socavamiento en el sector La Charca, en Oiba, y la pérdida de calzada en la vereda Zarandas, en Vélez. Estas afectaciones, según la Alianza, reflejan un deterioro progresivo que ha puesto en riesgo la continuidad de la actividad económica del sur de Santander y el transporte de productos hacia otras regiones.
Los gremios pidieron al Gobierno nacional priorizar la intervención de estos tramos dentro del presupuesto de infraestructura y cumplir los compromisos asumidos en el convenio Vías de los Comuneros, firmado en diciembre de 2024, que contempla la financiación de obras, variantes y mantenimiento del corredor Zipaquirá–Bucaramanga–San Alberto con los recursos de peajes.
La emergencia mantiene una presión constante sobre los transportadores y empresarios, mientras las autoridades locales esperan respuestas concretas del Ministerio de Transporte y del Invías frente a los plazos y estrategias para la recuperación de las vías afectadas.
