El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció mediante un panfleto un paro armado de 72 horas en Colombia, que iniciará el 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 a.m. y se prolongará hasta el 17 de diciembre a la misma hora.
Según lo señalado en el comunicado difundido por el grupo armado, la jornada declarada, descrita como parte de un “plan neocolonial de Trump”, busca denunciar lo que el ELN considera amenazas de intervención extranjera en el país.
En el documento divulgado públicamente, la organización indicó que la decisión responde a su intención de rechazar lo que califican como injerencia de Estados Unidos y a los intereses de sectores de poder, a los que atribuyen la adopción de políticas orientadas a favorecer a grupos dominantes en perjuicio de la población colombiana.
De manera textual, se afirmó que “las fuerzas populares colombianas protestamos contra las amenazas de intervención imperialista en nuestro país, como una nueva fase del plan neocolonial de Trump, que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe”.
En la misma línea, se sostuvo que la intervención del gobierno estadounidense buscaría “recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo”.
A partir de estos planteamientos, la organización armada señaló que su acción se orientará a la defensa de la vida y de los recursos del país, así como a la exigencia de que las decisiones sobre Colombia correspondan exclusivamente a los colombianos y no a intereses externos.
El grupo guerrillero declaró, que como medida humanitaria, notificaban con antelación a la población civil para evitar accidentes y garantizar que las labores cotidianas puedan continuar en sus espacios propios.
De igual forma, las unidades de control de vías del ELN indicaron que respetarán a los civiles y sus bienes, y advirtieron que el paro armado estará dirigido únicamente contra “saboteadores” y objetivos militares.
El ELN concluyó su comunicado expresando lo siguiente: “¡Colombia… para los trabajadores!” y “¡Ni un paso atrás… liberación o muerte!”. Este anuncio se da solo unas horas después de que el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, EMC anunciara un paro de 22 días en Caquetá y Putumayo.
Algo que dadas las afectaciones en la población civil, Human Rights Watch rechazó, para luego advertir que los grupos continuaban ejerciendo un control intenso sobre la vida de las comunidades locales y cometiendo graves violaciones de derechos humanos, afectando con particular severidad a las poblaciones indígenas.
En el mismo orden de ideas, la Defensoría se pronunció sobre el anuncio expresando que ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población, expresando que infringían gravemente el Derecho Internacional Humanitario.
