El debate sobre el futuro de la cadena textil tomó fuerza nuevamente tras la expedición del Decreto 1197, con el cual el Gobierno nacional suspendió por un año el arancel del 10% para diez subpartidas de hilados sintéticos y de algodón.
La decisión aplica únicamente para productos provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia y constituye un cambio temporal en las condiciones de importación de insumos claves para la industria confeccionista.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicó que la medida responde a un escenario de desabastecimiento que, según el Gobierno, venía generando presiones en los costos de producción.
La ministra Diana Morales detalló que la insuficiencia en el suministro, sumada a las distorsiones internacionales de precios, podría trasladarse directamente a la industria local, afectando producción y empleo. Bajo ese argumento, la cartera justificó la suspensión del arancel como una acción temporal para mitigar los efectos del mercado externo.
El Ejecutivo también sostiene que la decisión puede contribuir al control del contrabando, un fenómeno que desde hace años genera pérdida de competitividad dentro del sector textil. La intención oficial es crear condiciones más equilibradas para las empresas nacionales en un contexto donde las plataformas digitales y las importaciones de bajo costo han transformado los patrones de consumo. Adicionalmente, se espera que una mayor formalización del sector incremente el recaudo tributario.
Desde el Gobierno, esta determinación se inserta en una estrategia más amplia de fortalecimiento industrial. La ministra Morales indicó que la política busca consolidar las cadenas productivas mediante decisiones que, según sus declaraciones, se inscriben en la visión económica del presidente Gustavo Petro.
Sin embargo, las reacciones del sector empresarial fueron inmediatas. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que el levantamiento del arancel favorece de manera amplia a proveedores de países asiáticos como China, Vietnam, Camboya, India y Turquía. En su análisis, la medida impactaría directamente la operación de empresas locales que producen más de 45.000 toneladas anuales y atienden cerca del 25% del mercado. También advirtió sobre una posible pérdida de 8.000 empleos, posición que expuso en un mensaje publicado en X.
La controversia alcanzó a la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro respondió indicando que los procesos de industrialización exigen la reducción permanente de costos, defendiendo así la decisión adoptada por el Ministerio de Comercio.
A las críticas de la Andi se sumaron las de Conalgodón, que expresó preocupación por el futuro del cultivo de algodón en departamentos productores como Tolima, Huila, Córdoba, Cesar, Meta o Casanare.
El gremio señaló que la eliminación del arancel podría generar un desescalamiento en la actividad hilandera y afectar a empresas como Fabricato, Colhilados, Hilandería Universal, Miratex y Lafayette, que en conjunto emplean cerca de 8.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos.
Los sindicatos del sector también manifestaron su rechazo. Sindelhato sostuvo que la decisión se tomó sin estudios técnicos suficientes y que incrementa la incertidumbre para las empresas y sus empleados, especialmente frente a la comercialización de la fibra correspondiente a la cosecha 2025–2026.
Con el decreto ya vigente, el impacto real de la medida será evaluado en los próximos meses, mientras el sector ajusta operaciones en medio de un escenario marcado por posiciones divergentes entre el Gobierno y los actores industriales.
