La solicitud fue firmada por uno de sus fundadores, detenido en Colombia y solicitado en extradición por Chile y Venezuela.
En un giro inesperado, el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en más de 10 países, solicitó formalmente al gobierno colombiano ser incluido en la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. La petición fue radicada por Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, uno de los fundadores del grupo, actualmente detenido en la cárcel La Picota y a la espera de ser extraditado a Chile. El documento plantea una “propuesta de colaboración en iniciativas de prevención, reinserción y desarticulación de dinámicas criminales transnacionales”.
La carta, de dos páginas, fue dirigida al presidente Petro, al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y al alto comisionado para la paz, Otty Patiño. En ella, Larry Changa se presenta como vocero autorizado del Tren de Aragua y expresa la voluntad de la organización de colaborar con el Estado colombiano en programas sociales, preventivos y de reinserción, con el objetivo de reducir la violencia y la influencia de estructuras criminales sobre comunidades vulnerables y migrantes.
La solicitud ha generado una fuerte controversia nacional e internacional. Mientras algunos sectores ven en ella una maniobra desesperada para frenar la extradición de sus líderes, otros advierten sobre los riesgos de abrir espacios de negociación con estructuras criminales transnacionales que han sido calificadas como terroristas por gobiernos como el de Estados Unidos.
Además de Larry Changa, otros tres miembros del Tren de Aragua detenidos en Colombia —alias “Bobby”, “Boti” y “Gocho”— estarían dispuestos a participar en una eventual mesa de diálogo. Todos enfrentan procesos judiciales por crímenes graves, incluyendo asesinatos de militares en Chile y Venezuela.
La carta argumenta que la solicitud surge de la “preocupación por las condiciones sociales que generan vulnerabilidad” y del “deseo de aportar desde la prevención social y la reinserción personal”. Sin embargo, expertos en crimen organizado advierten que podría tratarse de una estrategia para evitar la extradición y ganar tiempo frente a procesos judiciales en curso
El presidente Petro no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud, aunque en el pasado ha defendido la inclusión social como herramienta para combatir la violencia. En abril, fue criticado por Estados Unidos tras declaraciones que, según la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, mostraban una postura “comprensiva” hacia miembros del Tren de Aragua. Petro negó haber defendido a la organización y calificó las acusaciones como malinterpretaciones lingüísticas.
La solicitud del Tren de Aragua abre un debate sobre los límites de la política de paz total. ¿Debe el Estado colombiano negociar con estructuras criminales transnacionales? ¿Qué impacto tendría esto en la legitimidad institucional y en las relaciones con países como Chile, que esperan la extradición de los líderes del grupo?
Organizaciones como InSight Crime han advertido que el Tren de Aragua opera bajo un modelo de franquicias, con presencia en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y hasta Europa. Su inclusión en procesos de paz podría sentar un precedente complejo para la lucha contra el crimen organizado en la región.
La solicitud del Tren de Aragua al gobierno Petro representa uno de los desafíos más delicados para la política de paz total. Mientras se debate si se trata de una oportunidad para desarticular una red criminal o una jugada para evitar la justicia, el país se enfrenta a una decisión que podría redefinir los límites del diálogo estatal con actores armados no convencionales.
