Se están robando Ecopetrol a dos manos y nadie parece capaz detener el pillaje. Eso, por lo menos, se desprende de los escándalos que todos los días se destapan en la prensa. El mayor patrimonio empresarial de los colombianos se volvió el coto de caza de la peor calaña de la politiquería petrista.
Como decía un veterano exfuncionario de la empresa: la actual es una administración donde los directivos y los mandos medios saben que les quedan dos años de fiesta y están en plan de “robar todo lo que puedan y poderse ir”.
No vale la pena remembrar las cuitas en detalle. Ni la impresionante pérdida del valor accionario, ni las decisiones empresariales caprichosamente abortadas desde la Casa de Nariño, ni siquiera el gargantuesco asalto al patrimonio público que fue la anticipada venta de energía de Urrá a una empresa de papel en Villapinzón.
Ni tampoco, ahora nos enteramos, de las andanzas del mozo del cuestionado presidente Ricardo Roa -para colmos, sub iudice por la financiación ilegal de la campaña presidencial- de quien dicen vende cargos y contratos al mejor postor.
Lo importante es establecer las responsabilidades de esta debacle. Por ahora no hay que tener muchas esperanzas en los entes de control. La Contraloría, así como fue implacable con el falso positivo fiscal alrededor de Reficar, ahora parece tolerante de las andanzas de Roa y sus secuaces. Lo mismo se puede decir de la Procuraduría y la Fiscalía.
Habrá que esperar a 2026. El próximo gobierno podría convocar a la asamblea de Ecopetrol y aprobar una de las herramientas más poderosas del derecho societario para evitar la impunidad. Se trata de la Acción Social de Responsabilidad que se ejerce en beneficio de la sociedad y en contra de los administradores que le hubiesen causado perjuicios a la misma de manera dolosa o culposa. El juez competente, valga decir, es el delgado de procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades.
Los administradores, en este caso, serían Roa y Cía, pero, además -y esto es fundamental- también los miembros de la junta directiva que hubieran cohonestado las actuaciones dañinas. En esto no vale decir que todo fue a sus espaldas. Tampoco se vale fingir demencia o decir que la condición de psicóloga, ingeniera socioambiental, sindicalista o político los exime de sus actos. Se responde por acción o por omisión. Lo que quiere decir que dejar constancias buchiplumas para lavarse las manos de lo que está ocurriendo no será suficiente.
Esta no es una mortificación que puedan ignorar encogiéndose de hombros y pidiendo que los notifiquen en la tumba. La responsabilidad del daño es solidaria e ilimitada y, además, cuando hay violaciones de la ley o extralimitaciones, como parece ocurrir con frecuencia en la administración Roa, se presume la culpa.
Las pruebas recaudadas en el proceso se podrían trasladar a los entes de control para que impulsen todas las investigaciones que tienen durmiendo el sueño de los justos.
Habrá nuevo Contralor a finales de 2026 y Fiscal a principios de 2028. Sería bueno que se estrenaran abriendo un macrocaso de lo que seguramente será el hecho más grande de corrupción administrativa que ha visto este sufrido país.
