El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, confirmó que huyó el pasado domingo 12 de octubre a un “lugar seguro” fuera del país tras semanas de protestas antigubernamentales que sacudieron la estabilidad nacional en ese país. La crisis tomó un giro crítico cuando una unidad de élite del ejército decidió unirse a las manifestaciones y se negó a reprimir a los manifestantes, marcando un punto crítico del conflicto.
Las protestas iniciaron a finales del mes pasado, impulsadas principalmente por jóvenes de la llamada Generación Z y sectores sociales afectados por la aguda crisis económica, la escasez de servicios básicos, la inflación y la corrupción en la administración de Rajoelina. Las movilizaciones masivas exigían la renuncia del presidente y cambios profundos en el gobierno para atender la crisis social en Madagascar.
Durante semanas, las fuerzas de seguridad intentaron contener las protestas con uso de la fuerza, lo que dejó decenas de heridos, según informes de organizaciones de derechos humanos. La tensión aumentó cuando un grupo élite del ejército, compuesto por militares con entrenamiento avanzado, decidió no solo abstenerse de intervenir contra los manifestantes sino también sumarse a sus reclamos, desconociendo la autoridad del presidente Andry Rajoelina.
Ante este hecho, Rajoelina denunció un “intento ilegal de toma del poder” y manifestó que su seguridad estaba en riesgo, hecho que causó su salida del país. El mandatario expresó temer por su vida. Hasta el momento se desconoce el lugar exacto en donde se refugia el presidente de Madagascar.
El mandatario publicó un mensaje en redes sociales solicitando calma, respeto a la Constitución y diálogo nacional, aunque evitó confirmar su renuncia o indicar un retorno próximo. Por su parte, las Fuerzas Armadas de ese país nombraron un nuevo jefe del Estado Mayor, lo que evidencia una reconfiguración del poder militar.
La crisis política y social en Madagascar ha tenido impactos graves. Además de las víctimas causadas por la represión, la inseguridad, el bloqueo de carreteras, los cortes constantes en la energía y la falta de servicios públicos han afectado la vida cotidiana y la economía. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, expresando preocupación y llamando a la contención y el respeto a los derechos humanos.
Por el momento, no hay claridad sobre el futuro político inmediato de Madagascar ni sobre cómo se resolverá la transición de poder. La situación sigue siendo compleja y depende en gran medida del comportamiento de las fuerzas militares y la presión social.
