El presidente denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no había actuado conforme a la Constitución ni a la ley, señalando que no se podían tomar decisiones con magistrados y jueces en condición de sub judice y con conflictos de interés, en este sentido, afirmó que existía una persecución política contra el progresismo.
Las declaraciones las hizo luego de que el CNE hubiese decidido en sala plena tras una votación de 6 votos contra 4, que el candidato del continuismo Iván Cepeda no podría participar en la consulta del “Frente por la Vida” donde tras la bajada de Juan Fernando Cristo, y Camilo Romero, quedarán Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal y Héctor Pineda.
El presidente sostuvo que hasta ese momento no había existido una auditoría ciudadana válida sobre los softwares utilizados en los procesos de escrutinio electoral y señaló que esta situación sería informada a organismos internacionales de veeduría electoral.
Recordó que en las elecciones de 2022 se habrían excluido cerca de 700.000 votos al Senado de la coalición que lo llevó a la presidencia, irregularidad que tuvo que ser corregida posteriormente. Indicó que se había presentado un nuevo hecho similar mediante la falsificación de un documento público, al falsearse la solicitud de un partido de esa coalición para impedir su participación en la consulta presidencial del 8 de marzo.
Por otra parte, acusó al CNE de haber actuado de manera abiertamente partidista y de favorecer a sectores responsables de violencia y corrupción, por lo que consideró que debían iniciarse acciones penales. Calificó la exclusión del progresismo de la consulta como un acto delictivo y de fraude que vulneró el derecho fundamental al voto de millones de colombianos.
Por todo esto, el presidente anunció que votaría el 8 de marzo únicamente en las elecciones de Senado y Cámara, con el objetivo de cambiar el Congreso y debilitar lo que denominó una red de corrupción que se había apropiado de la organización electoral.
E invitó especialmente a los jóvenes que ejercían su primer voto a transformar el Congreso en uno que representara a la ciudadanía y no a las mafias.
Así mismo, declaró que no solicitaría el tarjetón de la consulta presidencial por considerarlo ilegítimo y marcado por la trampa y la exclusión antidemocrática. Hizo un llamado a la ciudadanía para que actuara como veedora electoral y se inscribiera como testigo ciudadano, anunciando capacitaciones para impugnar mesas en caso de fraude.
Finalmente, solicitó al registrador modificar la selección de jurados de votación, incluyendo a estudiantes, docentes y profesorado del sector público y privado, y cuestionó a las empresas proveedoras de jurados por estar ligadas a clientelas políticas. También anunció que se reuniría con los comandantes de policía para que se priorizara la persecución de la compra de votos, y señaló que los ascensos y la permanencia en el servicio dependerían de la reducción de la tasa de homicidio y del número de capturas por compra de votos.
Cabe recordar que Cepeda escribió por medio de su cuenta de X que sus derechos no serán pisoteados impunemente, “interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Hollman Ibáñez, por el delito de prevaricato por omisión, contenido en el artículo 414 del Código Penal”, declaró el candidato.
