El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta un plazo crítico para cumplir con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional respecto al pago de las deudas a las EPS y al ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el Auto 2049 de 2024, el Ministerio tiene hasta el próximo lunes 3 de marzo para saldar más de $800.000 millones de pesos correspondientes a los presupuestos máximos de 2022. Además, el Auto 007 de 2025, que exige la convocatoria de mesas técnicas para reajustar la UPC, vence mañana, viernes 28 de febrero.
Hasta el momento, el Ministro no ha cumplido con la orden de la Corte, lo que ha generado incertidumbre sobre las posibles consecuencias legales si no se acata a tiempo. Si el Ministerio no cumple con los fallos, las repercusiones podrían ser graves tanto para Jaramillo como para su equipo. Según fuentes cercanas, el incumplimiento podría desencadenar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, lo que abriría la puerta a investigaciones por el delito de fraude a resolución judicial. Esto pondría al ministro en una situación extremadamente delicada, con la posibilidad de enfrentar sanciones e incluso arresto.
Aunque el Ministerio de Hacienda ha comenzado a hacer pagos parciales de la deuda, con un giro inicial de $200.000 millones de pesos, aún no se logrará saldar la totalidad de la deuda antes de la fecha límite del lunes.
Este escenario pone a Guillermo Alfonso Jaramillo en una situación muy compleja, en medio de dificultades fiscales y con un gobierno que ha adoptado una postura firme contra las EPS. Las consecuencias del desacato podrían tener repercusiones a largo plazo, tanto para la administración de salud como para el futuro político del Ministro.
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