En las últimas horas, el Frente 36 de las disidencias de las Farc emitió un pronunciamiento en el que negó estar detrás de un supuesto plan para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, su secretario de Seguridad, Manuel Villa, y varios concejales de la ciudad. La declaración se da luego de que se conocieran denuncias que alertaban sobre una amenaza en su contra, presuntamente por parte de estructuras armadas ilegales.
Según el grupo armado, las versiones que mencionan una suma de hasta ocho millones de dólares como parte del supuesto plan tienen como objetivo sembrar “miedo y confusión” en la opinión pública. Además, calificaron las acusaciones como una “estrategia cobarde de estigmatización y persecución política”.
Estas denuncias fueron reveladas en medio del ambiente de conmoción por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla aseguró haber recibido información, desde la cárcel de Cómbita en Boyacá, que la incluía en una lista de objetivos militares junto a otros líderes como Andrés Tobón. Carrasquilla atribuyó el presunto plan al Frente 33 de las disidencias.
Ante la gravedad de las denuncias, el partido Centro Democrático pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar con urgencia los esquemas de seguridad. Sin embargo, el director de la entidad, Augusto Rodríguez, señaló que actualmente no cuentan con la capacidad para ampliar los esquemas existentes.
Rodríguez explicó que el alcalde de Medellín ya cuenta con un esquema robusto, en el que participa principalmente la Policía Nacional, y que la UNP ha suministrado vehículos blindados como parte de esa protección. No obstante, insistió en que, debido a las limitaciones operativas y presupuestales, no es posible realizar nuevas asignaciones en este momento.
