El Ejército Nacional se pronunció tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de abrir una investigación disciplinaria contra militares que participaron en un operativo de control en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila, el pasado 15 de agosto. El hecho, que involucra un procedimiento con el vehículo oficial de la senadora del Pacto Histórico, Aída Quilcué, quien protagonizó un enfrentamiento e irrespeto a la fuerza pública en un nuevo caso de «usted no sabe quién soy yo», ha generado controversia y reacciones desde distintos sectores.
A través de un comunicado, el Comando de la Novena Brigada, adscrita a la Quinta División, expresó su respaldo a los soldados que participaron en el procedimiento, señalando que actuaron con profesionalismo y bajo los protocolos de seguridad establecidos. La institución reiteró que sus hombres y mujeres cumplen diariamente con disciplina, compromiso y sacrificio la misión constitucional de defender la soberanía y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El Ejército destacó que los uniformados no deben ser estigmatizados ni señalados de manera injusta, en tanto su labor implica enfrentar riesgos permanentes en territorios donde persisten factores de inestabilidad y violencia.
Respeto al Estado de derecho
Pese a rechazar lo que consideran una investigación injustificada, la institución aseguró que será respetuosa del Estado Social de Derecho y colaborará con las autoridades competentes, aportando toda la información requerida para esclarecer los hechos. “Las operaciones militares se enmarcan en el absoluto respeto a la Constitución, las leyes, la doctrina militar, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, indicó el Ejército.
De igual forma, ratificó que acatará las decisiones que se desprendan del proceso disciplinario, subrayando que cada actuación de sus integrantes se realiza en conformidad con los principios legales y constitucionales.
Tensión entre control militar y política
El incidente ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites y responsabilidades en los controles militares a civiles, en especial cuando involucran a figuras públicas. Mientras la Procuraduría busca establecer si hubo irregularidades en el procedimiento, el Ejército insiste en que sus uniformados actuaron bajo la legalidad y que nadie está por fuera de la ley. Es claro que la senadora Quilqué, reaccionó con grosería ante lo que era un control rutinario de los militares en zona de fuerte influencia de las disidencias y la delincuencia organizada, en donde hace unos días, otro senador fue objeto de un atentado.
El caso refleja las tensiones que pueden surgir entre el ejercicio del control militar en las vías del país y la percepción de ciertos sectores políticos frente a esos operativos. El desenlace de la investigación será clave para definir si se trató de un exceso en el procedimiento o de un cumplimiento estricto de la misión de seguridad.
