El Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció la revocatoria del beneficio de exención fiscal para los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos acreditados en su territorio. La medida, que se hará efectiva el próximo 16 de junio, afectará a todo el personal diplomático, incluido el embajador Daniel García Peña.
Según se conoció, los diplomáticos tendrán que devolver antes de esa fecha las tarjetas de exención fiscal emitidas por la Oficina de Misiones Extranjeras (OFM) del Departamento de Estado, las cuales les permitían evitar el pago de impuestos sobre bienes, servicios e importaciones personales.
El motivo de la decisión radica en la falta de reciprocidad por parte del Gobierno colombiano en la aplicación de beneficios similares a los diplomáticos estadounidenses. Aunque Colombia cuenta con un decreto de 2014 que garantiza la exención de impuestos a misiones extranjeras bajo el principio de reciprocidad y convenios internacionales, el Departamento de Estado advirtió que la implementación de dicha normativa ha sido obstaculizada por trámites burocráticos.
Funcionarios estadounidenses acreditados en Colombia deben realizar procesos complejos para acceder a la devolución de impuestos, entre ellos diligenciar formularios, presentar soportes de pago y esperar aprobaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Ante estas condiciones, el Departamento de Estado solicitó el pasado 30 de abril la simplificación del procedimiento. Después de 33 días sin respuesta oficial, la administración estadounidense procedió con la revocatoria.
La medida tendrá implicaciones económicas para el cuerpo diplomático colombiano, que ahora tendrá que asumir el pago total de impuestos, como cualquier ciudadano. En estados como Washington, la tasa de impuesto sobre las ventas alcanza el 10,75%, mientras que en Nueva York es del 8,75% y en Miami del 7%.
El beneficio estaba enmarcado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y en la legislación nacional colombiana, la cual señala: “Las Misiones Diplomáticas y Consulares, los Organismos Internacionales y las Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica, gozarán de la exención del Impuesto sobre las Ventas y del Impuesto Nacional al Consumo (…) con base en la más estricta reciprocidad internacional”.
En paralelo a esta decisión, se conoció que el presidente Gustavo Petro solicitó al mandatario estadounidense Donald Trump que no se extradite a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, a territorio estadounidense. La solicitud se hizo pública durante una alocución presidencial previa a una sesión del Consejo de Ministros.
Petro argumentó que es clave que Marín Buitrago rinda cuentas ante la justicia colombiana y que revele información relacionada con sus actividades delictivas de más de tres décadas, así como su presunta financiación en campañas políticas. El mandatario calificó de prioritario que se esclarezca su rol dentro del contrabando y posibles nexos con actores del poder político nacional.
Ambas situaciones generan un nuevo escenario en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Mientras la administración estadounidense adopta medidas con fundamento en el principio de reciprocidad, el Gobierno colombiano plantea solicitudes sobre la base de intereses judiciales internos.
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