El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, será el nuevo titular del Ministerio de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago. Es de indicar que Montealegre, quien se ha desempeñado como asesor jurídico del presidente Gustavo Petro, ha respaldado públicamente la posibilidad de convocar una consulta popular mediante decreto, posición que ha generado amplio debate en el país.
Montealegre es abogado de la Universidad Externado de Colombia, fue magistrado de la Corte Constitucional y Fiscal General de la Nación entre 2012 y 2016. Su carrera en el sector público ha estado acompañada de logros y también de controversias.
Durante su paso por la Fiscalía, se declaró impedido para adelantar investigaciones sobre Saludcoop, entidad para la que había prestado asesorías jurídicas antes de asumir el cargo. No obstante, el avance de esas investigaciones fue cuestionado por distintos sectores.
Uno de los episodios más discutidos de su gestión fue la contratación de la consultora Natalia Springer, por cerca de $5.000 millones de pesos, para estudios relacionados con el conflicto armado. El contrato fue adjudicado de forma directa y recibió críticas por su ejecución y resultados.
Otro proyecto bajo su administración, la denominada Universidad de la Fiscalía, implicó una inversión de más de $31.000 millones de pesos, pero no presentó avances significativos ni resultados tangibles.
En el marco del proceso de paz con las FARC, Montealegre defendió la tesis de que los excombatientes no debían cumplir penas privativas de la libertad, afirmando que existen otras formas de sanción distintas a la cárcel. También expresó reservas frente al plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos, y en su momento respaldó la tesis, propuesta por Álvaro Leyva, de que dichos acuerdos podrían abrir la puerta a una eventual reelección presidencial.
Montealegre figura además como víctima en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos. Este hecho ha generado inquietudes jurídicas sobre si un eventual ministro de Justicia podría mantener esa condición en un proceso judicial activo.
Recientemente, el exfiscal ha sostenido que la votación en el Senado que archivó la reforma laboral y la eventual consulta popular fue inconstitucional, razón por la cual, según su análisis, el presidente Petro estaría habilitado para convocarla por decreto.
Algunos sectores han señalado que Montealegre habría recibido contratos del Estado a través de RTVC y la aseguradora Positiva, por montos cercanos a los $1.000 millones de pesos.
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