El presidente Gustavo Petro, en una muestra de su resentimiento político y personal, ha vuelto a demostrar su “mala leche” tras el fallo que absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un proceso que llevaba años en el sistema judicial. Lejos de respetar la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, Petro expresó su desacuerdo y catalogó la sentencia como una muestra de “impunidad” simplemente porque el veredicto no fue el que él esperaba.
Desde hace décadas, Petro ha sido un crítico acérrimo del expresidente Uribe, y la absolución de Santiago Uribe parece haber tocado fibras sensibles en el mandatario, quien no dudó en cuestionar abiertamente la decisión de la justicia colombiana. Para Petro, el fallo representa una “falla” en el sistema, no porque haya demostrado inconsistencia o injusticia, sino porque no fue en contra del hermano de su adversario político.
Una justicia que no respeta la rabia de Petro
El fallo del juez fue contundente: Santiago Uribe Vélez no tuvo participación en el grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, que delinquió en municipios como Yarumal y Campamento hace más de 30 años. Además, la Fiscalía no presentó pruebas sólidas que lo vincularan al asesinato de un conductor en Yarumal, y algunos de los testigos presentaron declaraciones que terminaron siendo poco confiables, lo que llevó al juez a compulsar copias por falso testimonio contra estos supuestos testigos. En lugar de reconocer el trabajo de la justicia y respetar el veredicto, Petro arremetió en redes sociales y cuestionó la imparcialidad del fallo, posicionándose como un juez más, pero con un enfoque claramente ideológico.
El desacuerdo como herramienta de desprestigio
El presidente Petro ha dado un paso más allá al insinuar que el caso debería ser revisado por instancias internacionales, argumentando de forma infundada y desconectada que los crímenes cometidos contra miembros de la Unión Patriótica (UP) guardan relación con Santiago Uribe y sus actuaciones. En su insistencia, Petro parece desconocer los límites de la justicia nacional, lo que no solo abre una puerta peligrosa para la independencia judicial, sino que plantea una narrativa de revanchismo en lugar de un debate fundado en hechos.
Al vincular a Uribe con crímenes contra la UP, Petro utiliza una narrativa desgastada y sin evidencia, en un intento por conectar eventos que ocurrieron en diferentes tiempos y contextos, pero que sirven a su narrativa ideológica. Sin embargo, esta actitud de desprecio hacia el fallo judicial no solo demuestra mezquindad, sino que también amenaza la credibilidad de las instituciones y pone en riesgo el principio de presunción de inocencia que debe regir en cualquier democracia.
Una línea de resentimiento sin precedentes
Petro, al desacreditar abiertamente la justicia cuando esta no actúa como él quisiera, da pie a una peligrosa línea de resentimiento, donde la justicia parece ser buena solo cuando responde a sus intereses. Esta “mala leche” y mezquindad, lejos de limitarse a una crítica del sistema judicial, dibuja una visión en la que el poder se coloca por encima de la ley, tratando de moldear las decisiones de los jueces a conveniencia.
Con esta postura, el presidente Petro deja ver una faceta preocupante de su gestión: la incapacidad de separar sus batallas personales de su papel como jefe de Estado. La justicia no debe ser un instrumento de venganza ni un escenario para imponer revanchas políticas. En un país que históricamente ha luchado por consolidar su democracia y fortalecer sus instituciones, el mensaje de Petro sienta un precedente peligroso, pues denigra la independencia judicial y abre la puerta a la desconfianza pública.
¿Cuál es el límite de la mezquindad?
«La mala leche» de Petro no es solo una muestra de animosidad personal; es un riesgo para el país, que merece una justicia respetada y una institucionalidad fuerte. Al ignorar el fallo y posicionarse en un nivel de intransigencia y rabia, Petro envía un mensaje claro: la justicia es válida solo si se ajusta a sus deseos. Este comportamiento no solo deteriora la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, sino que convierte a la justicia en una herramienta de venganza, contraria a los principios democráticos.
El país merece un Presidente que, más allá de sus preferencias y aversiones, respete la ley y la justicia, sin dejar que sus emociones personales influyan en su visión del Estado.