En medio de la creciente violencia que azota varias regiones de Colombia, los grupos criminales han evolucionado y adaptado nuevas tecnologías para llevar a cabo sus actividades terroristas. Una de las especializaciones más recientes dentro de estos grupos es la figura del “dronero”, individuos entrenados específicamente en el manejo de drones con fines bélicos. Estos sujetos utilizan aeronaves no tripuladas para realizar ataques aéreos, lo que les permite ejecutar atentados sin exponerse directamente al peligro.
Los grupos armados ilegales han aprovechado las concesiones del gobierno en su búsqueda de la Paz Total, lo que ha facilitado el fortalecimiento de sus estructuras, la adquisición de armamento más sofisticado, y la capacitación en nuevas formas de terrorismo. La falta de control efectivo en algunas zonas del país ha permitido que estos grupos se profesionalicen en métodos cada vez más peligrosos y complejos.
Hoy, los habitantes de regiones como Catatumbo, el Cauca y otras zonas en conflicto viven bajo la constante amenaza de que desde las alturas caigan cargas explosivas. Este tipo de ataques, inicialmente empleados en la región pacífica del país, ha comenzado a expandirse a áreas de alto conflicto. En Catatumbo, por ejemplo, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han causado al menos seis muertes, 20 heridos y un clima de terror constante en la población civil, siendo los niños algunas de las víctimas más vulnerables.
El primer ataque con drones cargados de explosivos se registró en abril de 2024 en el Cauca. Desde entonces, la cifra ha aumentado exponencialmente. A día de hoy, ya se contabilizan 250 atentados con drones y más de 580 lanzamientos de granadas desde estos aparatos. Estos números no solo reflejan la creciente sofisticación de los grupos armados, sino también la capacidad económica y técnica que han logrado adquirir gracias a los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas.
Los drones utilizados en estos atentados, que tienen un precio promedio de cinco millones de pesos colombianos, son adquiridos a través de plataformas en línea. La venta de estos aparatos es completamente legal y sin restricciones, lo que permite a los criminales acceder fácilmente a esta tecnología. Aunque el gobierno podría regular su compra, muchos expertos consideran que solo impulsaría la creación de un mercado negro aún más sofisticado y peligroso.
Además, el vacío en la legislación es evidente. Actualmente, no existe una clasificación clara en el Derecho Internacional Humanitario sobre el uso de drones en conflictos armados, lo que deja un espacio legal sin control. Esta falta de normativas deja a las Fuerzas Armadas en una situación de desventaja, incapaces de responder de manera efectiva a esta nueva amenaza.
El Gobierno Nacional sigue imponiendo ceses al fuego, que, si bien buscan una solución pacífica, en la práctica obligan a las Fuerzas Armadas a mantenerse en una posición de observadores mientras los grupos criminales continúan con sus actividades ilegales. Este tipo de ceses al fuego no solo limita la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden, sino que también favorece a los criminales que tienen la capacidad de operar sin restricciones, utilizando tácticas cada vez más avanzadas.
Mientras tanto, los grupos ilegales ya cuentan con francos tiradores, y ahora droneros. Estas nuevas tácticas de guerra moderna están poniendo en jaque a la seguridad nacional y demandan una respuesta urgente y eficaz por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad. Sin la actualización tecnológica y los recursos necesarios, las Fuerzas Armadas colombianas están quedando cada vez más atrás frente a un enemigo que no solo está armado con poderosos medios tradicionales, sino también con la capacidad de operar desde el aire.
La lucha contra el terrorismo en Colombia enfrenta un nuevo y desafiante capítulo, y es imperativo que el gobierno y las instituciones encargadas de la seguridad en el país se adapten a estas nuevas realidades, asegurando que las tácticas y tecnologías utilizadas por los grupos armados sean contrarrestadas de manera efectiva.
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