Un documento clasificado, fechado el 26 de diciembre de 2024 y firmado por el director Corporativo de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara, ordenó la retención y preservación de correos electrónicos, documentación física, soportes digitales y dispositivos tecnológicos de 70 altos funcionarios de la compañía, incluidos miembros de la Junta Directiva.
La directriz, marcada como “confidencial”, al parecer hecha por el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, quien habría ordenado la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de al menos 70 altos funcionarios de la compañía, incluyendo filiales como Hocol y Cenit.
El procedimiento, conocido como “retención técnica” (legal hold), incluye expresamente dispositivos como computadores, celulares y tabletas. La orden también establece que la información vinculada con este proceso no debía ser divulgada sin autorización expresa de la Dirección Corporativa de Cumplimiento.
Entre los funcionarios mencionados figuran Luis Alberto Zuleta, Rafael Ernesto Guzmán Ayala, Nicolás Azcuénaga Ramírez, Fabio Ortega, Alberto Enrique Consuegra, Elsa Jeanneth Jaimes, Germán González, Vicky Rocío Vélez Rodríguez, Benjamín Fernández, Alexander Cadena, Pilar Marulanda y Julio Corredor.
La decisión fue ejecutada durante el receso de fin de año y, según versiones internas citadas por Revista Semana, estaría vinculada con un contrato suscrito con la firma Covington & Burling LLP por más de 5 millones de dólares. Inicialmente contratado para otros fines, el convenio habría sido modificado posteriormente para incluir la inspección de comunicaciones internas, así como medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó al mismo medio que no impartió la orden de realizar esta recolección de información. “Yo mismo fui víctima de ese procedimiento”, aseguró. Roa indicó que informó a la junta directiva una vez tuvo conocimiento del documento.
Pero terminó siendo la retención de datos internos de ejecutivos clave. En el contrato se estableció incluso una cláusula confidencial que impedía divulgar su existencia sin autorización directa del director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara Monterrosa, quien firmó el otrosí el 26 de diciembre, en plenas festividades de fin de año.
Dentro del contexto de este procedimiento, también se menciona la reciente renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva de Ecopetrol. Aunque inicialmente se atribuyó su salida a cambios en la Presidencia de la compañía, fuentes internas señalaron que su decisión podría estar relacionada con la medida de retención de información.
Según se ha conocido, el asunto fue abordado en una reunión no agendada entre miembros de la junta directiva y el presidente de la República, Gustavo Petro, este miércoles 28 de mayo. Durante ese encuentro, se habría concretado la salida de De Greiff.
Hasta ahora, no se ha informado si las autoridades de control han abierto investigaciones relacionadas con los procedimientos aplicados. No obstante, dentro del entorno corporativo de Ecopetrol se han generado movimientos e incertidumbre frente a posibles cambios en la alta dirección.
Versiones no oficiales indican que la presidencia de Ecopetrol podría ser asumida por el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en caso de superarse eventuales inhabilidades jurídicas.
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