La Alcaldía Mayor de Bogotá defendió el incremento de la tarifa de TransMilenio tras los cuestionamientos formulados por el Ministerio de Transporte y otras dependencias del Gobierno, que solicitaron explicaciones técnicas sobre el alza aplicada al sistema de transporte masivo de la capital.
Desde la Administración Distrital se insistió en que la medida no corresponde a una decisión aislada de Bogotá y que responde a presiones financieras comunes a los sistemas de transporte urbano del país.
El pronunciamiento fue realizado por el secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano, quien señaló que el ajuste tarifario se ha presentado en varias ciudades, incluidas aquellas donde el transporte es operado directamente por empresas estatales. Según explicó, uno de los factores determinantes ha sido el aumento del salario mínimo decretado para 2026, que impacta de manera directa los costos operativos del sistema.
De acuerdo con Silva Moyano, inicialmente se había proyectado un incremento menor, calculado sobre un aumento del salario mínimo inferior al finalmente aprobado por el Gobierno nacional. Sin embargo, tras el alza del 23% en el salario mínimo, la administración distrital se vio obligada a revisar las proyecciones financieras del sistema.
En ese escenario, indicó que el ajuste propuesto para la tarifa corresponde a un aumento del 10,9%, mientras que una fracción adicional sería cubierta mediante ingresos no tarifarios.
El funcionario también hizo un llamado al Ministerio de Transporte para revisar de manera conjunta las cifras y evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto del aumento sobre los usuarios. En ese sentido, propuso un trabajo coordinado entre el Gobierno y las administraciones locales para analizar los costos reales del sistema y las posibles fuentes de financiación.
El debate se amplió luego de que se conociera que la tarifa aumentaría a $3.550, cifra que generó reacciones desde el Ejecutivo. El presidente Petro cuestionó la relación directa entre el aumento del salario mínimo y el incremento del pasaje, al señalar que otros componentes, como combustibles, llantas y mantenimiento de los vehículos, inciden de manera significativa en la estructura de costos. Desde su perspectiva, el ajuste tarifario no debería trasladar automáticamente los costos laborales a los usuarios.
El jefe de Estado también planteó la posibilidad de avanzar hacia sistemas eléctricos como una alternativa para reducir costos operativos en las grandes ciudades, al tiempo que recordó que el Gobierno nacional ha mantenido subsidios al diésel durante los últimos años. En ese contexto, mencionó la opción de destinar recursos para la renovación de flotas, con el objetivo de disminuir el costo por pasajero y reducir el déficit de los sistemas de transporte.
Desde la Alcaldía, Silva Moyano reiteró que la discusión sobre las tarifas debe mantenerse en un plano técnico y no convertirse en un escenario de confrontación política. Asimismo, destacó que Bogotá mantiene esquemas de subsidios focalizados, incluidos programas de pasajes gratuitos para cerca de 700.000 usuarios, como parte de su política de movilidad.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda indicó que el incremento aplicado supera el Índice de Precios al Consumidor, referencia tradicional para los ajustes tarifarios, y señaló que los costos laborales son solo una de las variables que deben ser consideradas en un análisis integral del sistema de transporte público urbano.
