El Distrito de Medellín liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Gobierno Nacional, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de salud. La acción legal busca proteger los derechos fundamentales a la vida y la salud de los ciudadanos, afectados por la grave crisis financiera que atraviesan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en la ciudad.
La demanda, radicada bajo el número 05001233300020250067300, incluye una solicitud de medidas cautelares urgentes para que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia Nacional de Salud, junto con las EPS intervenidas —Savia Salud, Coosalud, Nueva EPS y Sanitas—, adelanten las gestiones necesarias para garantizar el flujo oportuno de los recursos y el pago inmediato de las deudas acumuladas con las IPS.
Según datos entregados por la Alcaldía de Medellín, las EPS intervenidas por el Gobierno adeudan al Hospital General de Medellín $128.490 millones, al Hospital Metrosalud $32.080 millones y al Hospital Infantil Concejo de Medellín $9.261 millones, cifras que representan entre el 77% y el 95% del total de la cartera vencida en cada institución.
“La situación es insostenible. Las IPS no cuentan con los recursos para garantizar la atención médica, se están cerrando servicios vitales y hay riesgo de colapso hospitalario”, advirtió el secretario general del Distrito, Sebastián Gómez Sánchez.
El documento radicado denuncia además que, en lo corrido del segundo trimestre de 2025, los servicios de urgencias en Medellín presentan una saturación promedio del 114%, con picos del 118% en la última semana de mayo. Esta situación ha generado demoras en la atención de pacientes graves, así como un incremento en las muertes evitables.
Asimismo, se ha reportado un desabastecimiento preocupante de medicamentos, especialmente para el tratamiento de enfermedades crónicas, debido al incremento en la deuda del Gobierno con gestores farmacéuticos, que ascendió a $4,4 billones en 2024.
La acción popular exige al Gobierno cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional sobre la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y garantizar el pago de los presupuestos máximos. También se pide vincular al proceso a las principales IPS públicas y privadas de la ciudad, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que investigue posibles omisiones por parte de las entidades responsables.
“El Distrito ha cumplido con sus obligaciones presupuestales para cofinanciar el aseguramiento en salud, pero la falta de respuesta del Gobierno está generando una crisis humanitaria en la ciudad”, señaló el alcalde Gutiérrez, quien afirmó que esta demanda busca salvaguardar el derecho a la salud de millones de ciudadanos.
