En el marco de las investigaciones por el atentado contra el senador Miguel Uribe, se conoció que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue citado a entrevista para rendir su versión sobre el esquema de seguridad que la entidad tenía dispuesto para el líder opositor.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que, previamente al atentado, el equipo de trabajo del senador había solicitado un refuerzo en las medidas de protección, solicitud que no habría recibido una respuesta positiva por parte de la UNP.
Durante una rueda de prensa, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió al tema y señaló que uno de los principales intereses del ente investigador es esclarecer cómo estaba funcionando el esquema de seguridad del senador al momento del ataque.
«Nos interesa conocer a fondo cómo funciona el esquema de seguridad dispuesto para el senador Miguel Uribe (…) Dentro del radar de esta investigación está qué medidas de protección tenía el senador en el momento mismo del atentado», afirmó la jefe del ente investigador.
También se ha conocido que la familia del senador Miguel Uribe ha decidido interponer una demanda contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), argumentando fallas en el esquema de seguridad que habrían facilitado el atentado en su contra.
Uribe, quien además de senador es precandidato presidencial y líder visible de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, había sido clasificado oficialmente con un nivel de riesgo extremo. Este hecho ha generado fuertes cuestionamientos sobre la aparente facilidad con la que el atacante logró perpetrar el atentado.
De acuerdo con información preliminar, en el momento del ataque el senador solo contaba con dos escoltas, lo que ha encendido las alarmas sobre la idoneidad del esquema de protección asignado por la UNP.
El director de la entidad, Augusto Rodríguez, ha negado que existieran solicitudes formales para reforzar la seguridad del congresista. No obstante, tanto desde la dirección del Centro Democrático como del equipo de campaña de Uribe, aseguran tener copia de al menos 20 comunicaciones enviadas a la UNP en las que se solicitaba un aumento en las medidas de protección para el senador.
La controversia continúa en medio de la investigación en curso, mientras aumentan las exigencias de responsabilidades institucionales, por lo que diversos sectores consideran una grave omisión en la protección de un dirigente político en riesgo.
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