En el marco de la transmisión del Consejo de Ministros, centrado principalmente en los avances y desafíos de la reforma agraria, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció que, en coordinación con la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se encuentra ultimando un decreto que reglamentará aspectos del Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo de esta normativa es facilitar la transferencia directa de tierras y ampliar la adquisición de bienes rurales destinados a fortalecer el proceso de reforma agraria.
En ese contexto, el funcionario explicó que actualmente el Fondo de Reparación cuenta con 57 mil hectáreas disponibles, pero que existe la posibilidad de aumentar esa cifra a 158 mil. En cuanto a los bienes administrados por la SAE, indicó que la cifra podría pasar de 67 mil hectáreas actuales a 428 mil, siempre que se implementen ciertos ajustes normativos.
El presidente Gustavo Petro, al escuchar la propuesta, preguntó específicamente cuáles serían esos ajustes requeridos. A lo que el director de la Agencia de Tierras respondió que ya se ha trabajado en un decreto que reglamenta el Plan de Desarrollo, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, y destacó que la SAE ha tenido un papel clave en la construcción del documento.
Ante la observación del Presidente sobre el tiempo transcurrido “llevamos tres años de gobierno y el Plan de Desarrollo fue hace dos años y medio”, el director reconoció que si bien ha habido demora, esta se debe a ajustes recientes que han permitido identificar la posibilidad de hacer transferencias directas de más de 120 mil hectáreas con presunción de baldíos. Esto aclaró, se lograría sin necesidad de compra ni gasto público, lo que aceleraría significativamente la entrega de tierras a lo largo del país. El borrador del decreto, según afirmó, ya está en manos de la SAE para su revisión final.
La reforma agraria impulsada por el Gobierno busca transformar la estructura de la propiedad de la tierra, con el objetivo de redistribuirla de manera más equitativa y fomentar un desarrollo rural sostenible. También apunta a mejorar la productividad del sector agrícola, reducir la pobreza en zonas rurales y promover la igualdad social y la justicia en los territorios.
Este tema ha sido históricamente uno de los más rezagados y controvertidos. En reiteradas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha manifestado que ni el Congreso de la República ni los jueces han facilitado el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el campesinado y las comunidades étnicas en materia de tierras.
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