El sistema de salud colombiano enfrenta un deterioro sostenido que se refleja en las cifras: la deuda acumulada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por servicios prestados alcanzó los 32,9 billones de pesos al cierre de 2024, según el informe certificado de la Contraloría General de la República. Esta cifra confirma la presión financiera sobre el sistema y la dificultad de acceso efectivo a los servicios para millones de ciudadanos.
De las 29 EPS activas en el país, solo seis cumplen con los requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas, parámetros establecidos para garantizar la estabilidad financiera de las entidades. Sin embargo, estas seis EPS apenas cubren al 10,9 % de los afiliados. El 89 % restante se encuentra vinculado a EPS que no cumplen con uno o más de estos requisitos, una condición que refleja la fragilidad de la red encargada de gestionar los servicios de salud.
La Contraloría detalla que 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad de responder a sus obligaciones de manera inmediata, mientras que ninguna de las entidades intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud cumple con los requisitos de solvencia establecidos en la normativa. La falta de resultados efectivos en las intervenciones forzosas y las medidas especiales aplicadas por la autoridad de vigilancia ha contribuido a mantener una crisis que se prolonga en el tiempo.
Las cifras reflejan una crisis estructural que va más allá de las cifras de cartera y deudas. La sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud se encuentra comprometida y deja a los usuarios en la incertidumbre, con un sistema que intenta sostenerse en medio de deudas crecientes, limitada liquidez y dificultades operativas. La deuda de las EPS no es solo un problema contable, sino un síntoma de un sistema que carece de bases sólidas para responder de manera oportuna a las necesidades de salud de la población.
En medio de estos desafíos, el sistema de salud continúa operando en una delgada línea, mientras se discuten nuevas medidas que permitan garantizar la atención de los ciudadanos, la sostenibilidad del sistema y el respeto al derecho fundamental a la salud en Colombia.
