Luego de emitir su fallo y proferir sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la juez Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, sigue siendo objeto de críticas en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea. Las observaciones provienen de usuarios que cuestionan la valoración de ciertos elementos presentados durante el juicio y que no recibieron el peso suficiente en la decisión final.
Una de las principales controversias gira en torno a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso. Diversos mensajes compartidos en plataformas digitales señalan que Gómez habría pertenecido al Frente 42 de las FARC, también conocido como Frente Manuel Cepeda Vargas. Según los comentarios difundidos, la juez consideró esta información como un dato sin relevancia sustancial para el caso, aun cuando el frente llevan el nombre del padre del senador Cepeda, la presunta víctima que buscó la sentencia contra Uribe.
Otra situación señalada en estas publicaciones es que el primer esposo de Gómez, identificado con el alias “Arley”, fue condenado a 40 años de prisión por delitos como terrorismo y homicidio de miembros de la fuerza pública, y solicitó su libertad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2020. Críticos cuestionan que este antecedente tampoco fuera tenido en cuenta de manera significativa por el despacho judicial.
Las cadenas también recuerdan que Deyanira Gómez ha sido apodada “la cirujana de las FARC” por supuestamente atender a miembros heridos de esa guerrilla, y que en 2014 habría vendido un inmueble por 400 millones de pesos al coronel Juan Pablo Prado Torres, entonces director de inteligencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Según los mensajes que circulan, este vínculo no fue considerado relevante por la jueza.
Otro punto recurrente en las críticas es que la familia de Monsalve habría recibido apoyo económico de una ONG fundada por el expresidente Santos, a la que el senador Iván Cepeda habría aportado parte de su salario. Así mismo, se menciona un proyecto de ley impulsado por el exfiscal Eduardo Montealegre, que habría beneficiado al testigo en caso de aprobarse, reduciendo significativamente su condena.
La juez Heredia, tras el fallo y la sentencia, no emitido pronunciamientos públicos ni ha dado respuesta a estas observaciones y otras críticas, muchas de ellas de colegas abogados, ex magistrados y representantes de la rama judicial. El debate continúa en redes, donde se contraponen opiniones sobre la pertinencia de estos datos en el marco del proceso contra el exmandatario.
