El Gobierno de Estados Unidos afirmó que los ataques ejecutados por sus fuerzas militares contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe se enmarcan dentro de la legalidad y que los responsables operativos no pueden ser judicializados por estas acciones. Así lo indicó el Departamento de Justicia, tras conocerse cuestionamientos internacionales sobre la naturaleza de estas operaciones, que han dejado al menos 76 personas muertas.
Según explicó un vocero oficial, los uniformados que participan en estas misiones actúan bajo órdenes que calificó como “lícitas”, por lo que no enfrentarán riesgos de ser procesados penalmente. “El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado”, señaló el portavoz, ratificando la posición del Gobierno estadounidense frente a las crecientes preocupaciones sobre el uso de la fuerza en operativos antinarcóticos en altamar.
En las últimas semanas, las fuerzas armadas de Estados Unidos han llevado a cabo múltiples ataques tanto en el Caribe como en el Pacífico, dirigidos a embarcaciones que, según información de inteligencia estadounidense, transportaban cargamentos de drogas. El episodio más reciente fue reportado durante el fin de semana por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien confirmó que la operación dejó seis personas muertas. Sin embargo, no se entregaron detalles adicionales sobre la ubicación exacta ni sobre las identidades de los fallecidos.
La postura oficial de Washington se conoció luego de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitara una investigación exhaustiva sobre la legalidad de estos ataques. Türk afirmó que existen “fuertes indicios” de que estas acciones podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, lo que elevaría la gravedad de las denuncias y abriría la puerta a nuevas revisiones por parte de organismos internacionales.
El Alto Comisionado subrayó la importancia de que Estados Unidos revise los procedimientos, protocolos y reglas de enfrentamiento bajo las cuales se llevan a cabo estas operaciones. Según su oficina, el análisis preliminar apunta a posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, especialmente en lo relacionado con el uso proporcional de la fuerza y la obligación de proteger la vida incluso en operativos de carácter militar.
Pese a este llamado, el Departamento de Justicia reiteró que las acciones se desarrollan dentro del marco jurídico estadounidense y que las órdenes impartidas a los efectivos militares cumplen con los estándares legales vigentes. No obstante, la institución evitó pronunciarse sobre la solicitud de la ONU, indicando únicamente que todas las misiones se ejecutan bajo supervisión del Gobierno federal.
El debate ha crecido debido al número de personas fallecidas en estas intervenciones, que asciende a 76 en distintos operativos realizados en altamar. Aunque Estados Unidos sostiene que se trata de individuos involucrados en actividades ilícitas, las agencias internacionales han insistido en la necesidad de verificar las circunstancias de cada ataque y las condiciones en las que se usó la fuerza letal.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan pidiendo mayor transparencia y la publicación de información detallada sobre los protocolos empleados en estas operaciones, así como el estado de las investigaciones internas que pudieran estar en curso. Por ahora, el Gobierno estadounidense mantiene su postura y asegura que las operaciones militares continuarán como parte de su estrategia contra el narcotráfico en la región.
