Un grupo de funcionarias del Congreso de la República denunció que sus reclamos por acoso y abuso sexual no han sido escuchados ni atendidos con el protocolo establecido.
Como medida de protesta, intervinieron los baños del Capitolio Nacional con mensajes que alertan sobre la inoperancia de los mecanismos de protección ante la violencia de género en la institución.
El caso que generó mayor repercusión ocurrió en diciembre de 2024, cuando Tania Acero, trabajadora del Congreso, denunció a Juan Camilo Díaz por presunta agresión sexual. Según su testimonio, la relación entre ambos había sido intermitente entre 2018 y 2019, pero posteriormente sufrió acoso laboral, persecución profesional y personal, manipulación emocional, amenazas y control sobre su entorno.
Acero aseguró que tomó la decisión de no renovar su contrato en enero de 2025 debido a la afectación emocional derivada de esta situación.
“Sufrí acoso laboral por parte de él, donde casi a diario me buscaba para decirme que mi trabajo era una mi…., que no me vistiera como me visto, que soy una pésima profesional, que solamente estaba donde estaba por él, me encerró en varias ocasiones en las oficinas”, afirmó en un video publicado en redes sociales.
Pese a la denuncia, el contrato de Díaz fue renovado, manteniéndose en su cargo como fotógrafo oficial de la Cámara de Representantes.
El Congreso estableció hace más de dos años un protocolo integral para la prevención y orientación institucional frente a la violencia sexual en el ámbito laboral y contractual. El documento contempla varias etapas:
- Reconocimiento del hecho: Identificación de casos de acoso y los mecanismos de denuncia.
- Contacto con el canal de denuncia: Comunicación a través de correos oficiales del Senado o la Cámara.
- Activación de la ruta de orientación: Asesoría legal, acompañamiento psicológico y orientación sobre derechos.
- Garantías y medidas de protección: Cambios de dependencia, apoyo psicológico y prevención de represalias.
- Medidas internas: Posibles sanciones como terminación de contratos o restricciones de ingreso.
- Seguimiento y cierre: Evaluación de la efectividad de las medidas.
No obstante, las funcionarias que han denunciado estos hechos aseguran que el protocolo no se ha implementado de manera efectiva, calificándolo como «letra muerta» debido a la falta de claridad en las competencias institucionales.
Acero sostiene que, tras su denuncia en diciembre de 2024, solo recibió una llamada y un correo sin indicaciones claras. «Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito», expresó.
Ante esta situación, cinco funcionarias de distintas oficinas parlamentarias decidieron unirse a la protesta en los baños del Congreso: Tania Acero, Sandra Vega, Paulina Beltrán, Mónica Acosta, Estefanía Villamizar y Mónica Acosta.
En su intervención, señalaron que no hay evidencia de que las capacitaciones hayan cambiado la cultura institucional ni de que los congresistas, como empleadores directos, hayan sido formados en la prevención de la violencia de género.
Diversas organizaciones feministas como La Casa de la Mujer, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Fundación GAAT, Extituto de Política Abierta, Caribe Afirmativo y Manifiesta participaron en la construcción del protocolo, pero las funcionarias denuncian que sus recomendaciones fueron ignoradas.
La senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión de la Mujer, reconoció que el protocolo presenta «inconsistencias en trámites y competencias» que obstaculizan su aplicación. Aunque se anunció un «proceso de análisis» para evaluar posibles mejoras, las denunciantes aseguran que, hasta el momento, las víctimas siguen sin recibir el respaldo necesario.
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