En el Congreso y en el Concejo de Bogotá se encendieron las alertas tras las denuncias sobre la presunta firma masiva de contratos por parte del Gobierno nacional, horas antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, el pasado 8 de noviembre.
Las acusaciones, hechas por la representante a la Cámara Katherine Miranda y el concejal Daniel Briceño, apuntan a un posible uso irregular de los recursos públicos durante ese periodo.
Miranda señaló que, en menos de 24 horas, el Ejecutivo habría suscrito contratos por más de 1,5 billones de pesos, justo antes de que la normativa restringiera la contratación estatal. En su intervención ante el legislativo, afirmó que “mientras los colombianos confiamos en que se cumpla la ley, el Gobierno sigue firmando contratos a toda marcha, pasando por encima de la Ley de Garantías”. Según la congresista, una semana antes de la entrada en vigor de la restricción legal se firmaron compromisos por cerca de 9 billones de pesos.
La representante calificó la situación como un riesgo para el control fiscal y pidió a los organismos de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, que revisen las adjudicaciones. A su juicio, el volumen de recursos comprometidos podría comprometer los principios de transparencia y responsabilidad en la administración del gasto público.
Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño presentó un reporte paralelo en el que sostiene que entre el 1 y el 7 de noviembre el Gobierno firmó convenios interadministrativos por un valor de 2,1 billones de pesos. En su publicación en la red social X, detalló que los recursos se destinaron a organizaciones indígenas, eventos y programas diversos, e hizo un llamado a la Contraloría para revisar el destino de los fondos.
De acuerdo con la información divulgada por Briceño, el Ministerio del Trabajo concentró la mayor parte de los convenios, con un total de 775.096 millones de pesos, seguido por el Ministerio del Interior con 211.662 millones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 170.460 millones, la Unidad de Víctimas con 170.093 millones y la Agencia de Desarrollo Rural con 87.667 millones.
Los contratos abarcaron sectores como trabajo, tecnología, energía, salud, ambiente y transporte, con múltiples convenios en distintas entidades. En total, se registraron más de 50 acuerdos en algunos ministerios, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la velocidad y alcance de las adjudicaciones realizadas justo antes del inicio de la restricción electoral.
Miranda solicitó a los entes de control abrir investigaciones para determinar si la firma de los contratos vulneró la Ley de Garantías y los principios de transparencia en la administración de los recursos del Estado.
