La Sociedad de Activos Especiales (SAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la asignación de cargos en dos empresas piscícolas bajo administración estatal.
La acción judicial fue interpuesta por el abogado Francisco Bernate, defensor actual de la entidad, y está dirigida contra persona indeterminada por posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
La denuncia se originó a raíz de un documento anónimo recibido en Neiva el 7 de marzo de 2024. En dicho escrito se señalan presuntas anomalías en el nombramiento de Arley Perdomo como gerente de las empresas Acuapezca y Ematpeya.
Según el contenido del documento, Perdomo habría sido favorecido mediante un proceso de selección supuestamente manipulado. La denuncia identifica a Fredy Murcia como intermediario clave y a Sebastián Caballero, exvicepresidente jurídico de la SAE, como posible facilitador del nombramiento. Caballero es conocido por su cercanía con Daniel Rojas, exdirector de la entidad.
De acuerdo con la información aportada, el proceso de asignación del cargo se habría camuflado como una entrega a una comunidad, utilizando como fachada a la organización Empaga. No obstante, el documento sostiene que el verdadero objetivo era favorecer a una persona en particular.
La denuncia también indica que tras su designación, Perdomo habría sido objeto de presiones para realizar pagos a cambio de mantener su puesto. Entre los soportes entregados por Bernate figuran copias de giros realizados el 4 de abril de 2024, incluyendo una transferencia de cinco millones de pesos a nombre de Fredy Murcia, dentro de un total de $15.500.000.
Adicionalmente, se relacionan otras transferencias a Valeria Chaparro, quien sería pareja sentimental de Sebastián Caballero. Como parte del material probatorio, se anexaron capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp que harían referencia al pago de 20 millones de pesos distribuidos en dos transferencias, presuntamente informadas a Sebas y Valeria.
La Fiscalía tendrá que adelantar la investigación correspondiente para establecer la veracidad de los hechos y determinar si existieron actos de corrupción en el manejo de estas empresas estatales.
